La tozudez que costó la vida a un guardián contra ETA

La historia, fría en sus hechos, resulta insoportable en su moral. Enrique Nieto, inspector jefe de la Unidad Territorial Antiterrorista (UTA) de Guipúzcoa, pidió expresamente que no se difundiera su imagen. Era norma elemental para agentes antiterroristas operativos: permanecer invisibles para seguir vivos. Pero su petición fue desoída. El gobernador civil insistió en su comparecencia y la imagen de Nieto llegó a los medios.

Apenas semanas después, el 19 de abril de 1995, saliendo de su casa en el barrio de Amara de San Sebastián, un pistolero le disparó por la espalda a corta distancia. Fue trasladado en estado de coma, operado durante tres horas, y murió el 19 de octubre tras cuatro meses de agonía. Esa brutal cadena de acontecimientos enlaza directamente la exposición pública con la vulneración de una regla de seguridad que él mismo había reclamado.

La metralla de la tragedia no quedó aislada. El atentado se produjo un mes después del secuestro del empresario José María Aldaya, también objeto de investigación por Nieto. El casquillo hallado en el lugar confirmó, mediante peritajes del Laboratorio de Balística del CNP, que la pistola utilizada ya había sido empleada en otros asesinatos etarras: los de Gregorio Ordóñez y el sargento Alfonso Morcillo. Tiempo después, la Audiencia Nacional condenó a Valentín Lasarte por el asesinato de Nieto.

La reacción institucional fue inmediata y significativa: el Parlamento vasco aprobó una declaración institucional de condena suscrita por todos los grupos, salvo Herri Batasuna, cuyos miembros se ausentaron. Peor aún, días después aparecieron en el casco viejo de la ciudad carteles amenazantes contra dos jóvenes testigos, con sus fotografías y la advertencia en euskera: "Chivatos, ya os tocará". Esa intimidación forma parte del mismo paisaje de violencia y coacción que mató a Nieto.

Hombre de larga trayectoria —ingresó en la Policía en 1972, distinguido con la Medalla al Mérito Policial y numerosas felicitaciones—, Nieto había sido jefe de la Brigada Judicial de San Sebastián y responsable de la UTA desde 1990. En reuniones previas alertó incluso sobre la escasez de funcionarios en una zona convulsa como Guipúzcoa. Su petición de anonimato no era gesto de vanidad sino medida profesional para poder "seguir trabajando en la calle".

No hay moraleja que se permita exageraciones: los hechos hablan por sí solos. La exposición de un agente antiterrorista operativo, en contra de su advertencia, se inserta en la cadena causal que terminó con su vida. Que la justicia identificara y condenara al autor material no disuelve la responsabilidad política y mediática de quienes, sabiendo el riesgo, optaron por la transparencia de imagen sobre la seguridad personal.

Recordar a Enrique Nieto no es un ejercicio nostálgico: es un imperativo de memoria y de responsabilidad. La seguridad y la prudencia, sobre todo frente al terrorismo, no son caprichos técnicos: son medidas de salvaguarda de vidas humanas. Que la prensa y las instituciones reflexionen sobre los límites de la exposición pública cuando está en juego la vida de quienes nos protegen no es una petición menor, sino una exigencia ética hacia el futuro.