La regeneración que prometimos y que la justicia desmiente

Hubo un momento —no lejano en la memoria pública— en que se creyó posible arrancar de raíz la vieja política. El 3 de mayo de 2016 las Cortes se disolvieron tras unas elecciones que dejaban un Congreso multipartito, con Iglesias y Rivera al frente de grupos significativos. Aquella pluralidad prometía aire nuevo; sin embargo, lo que siguió fue parálisis y vetos cruzados, y la esperanza de regeneración se fue agotando sin materializarse.

La actualidad judicial arroja un espejo cruel. El juicio del llamado caso Mascarillas y la presencia en el Supremo de Íbalos y Koldo son recordatorios de que los peores aspectos del sistema sobrevivieron a la apoteosis regeneracionista. En paralelo, la comparación con el caso Kitchen resulta deprimente: los hechos que se investigan en uno y otro proceso parecen pertenecer a todo aquello contra lo que se reaccionó en 2015 y 2016, y la limpieza prometida por algunos gobiernos no evitó que esas imágenes llegaran hasta el Tribunal Supremo.

El expediente de Jordi Pujol ofrece otro símbolo doloroso de la regeneración que no fue. La Audiencia Nacional ha decidido excluir al ex presidente de la Generalitat, de 95 años, del juicio por la fortuna atribuida a su familia por su «deterioro cognitivo». Lo que no puede olvidarse es que la instrucción del caso quedó cerrada en julio de 2020: la demora procesal es un elemento relevante y no inocuo en la percepción pública de la Justicia y la rendición de cuentas.

Tampoco es menor el hecho de que la primera confesión de Pujol sobre la fortuna en Andorra se produjo en 2014. Aquella admisión parecía abrir la vía a la investigación de un sistema de silencios y complicidades que afectaba a actores centrales de la democracia. Hoy, sin embargo, la figura de Pujol ha experimentado una rehabilitación pública notable, alimentada por un discurso que relativiza los indicios de corrupción frente a sus presuntos logros políticos. Ese marco no ha sido impulsado solo por sus herederos nacionalistas: según señala el propio análisis de la noticia, Illa y el PSC han colaborado en esa rehabilitación.

Los hechos, sin ornamentos, muestran una secuencia inquietante: confesiones que fueron públicas en 2014, una instrucción cerrada en 2020 y, años después, la exclusión del principal implicado del juicio por razones médicas. El resultado es un panorama en el que la exigencia de cambio quedó mutilada por retrasos, equilibrios políticos y reinterpretaciones que han atenazado la voluntad regeneradora.

No se trata de proclamar sentencias morales desde la tribuna; se trata de constatar que las instituciones y los actores políticos no siempre lograron transformar la indignación ciudadana en reformas efectivas. Diez años después, lo que parecía el inicio de una era distinta ha dejado en muchos casos la amarga impresión de que la regeneración fue, a la postre, una promesa que se desvaneció en la rutina del poder y en la lentitud procesal.

Si la democracia aspira a recuperar la confianza, los hechos que hoy protagonizan los tribunales exigen respuestas claras: agilidad procesal, transparencia y un debate público dispuesto a confrontar, sin eufemismos, todas las complicidades que impidieron entonces y siguen impidiendo hoy el cambio real.