La regeneración enterrada: de promesas a complacencia

Hubo un tiempo en que la palabra regeneración sonaba con fuerza en la plaza pública: reforma de la Ley Electoral, reducción de cargos, supresión de organismos ineficientes, democracia interna en los partidos, limitación de mandatos, aforamientos, transparencia, puertas giratorias. Era la respuesta colectiva a una gran crisis que exigía reparar la democracia.

Hoy, salvo la regeneración de la Corona con Felipe VI, todo aquello yace enterrado. Las grandes convicciones se quedaron en promesas; las promesas, en intenciones; las intenciones, en incómodos recuerdos. El impulso regenerador se diluyó, y no por accidente: el acceso de Pedro Sánchez al poder cambió muchas cosas y esa marea reformista se tropezó con líneas rojas y pactos que la corroyeron.

La imagen reciente —Sánchez intentando apañar una votación con una urna tras una cortina, según el vídeo publicado por The Objective— es metáfora de una obcecación por sostener el poder a cualquier precio. Gobierna de espaldas al Congreso, no presenta presupuestos y, en apariencia, aspira a pervivir en el tiempo. Ese gesto de soberanía prolongada es el mejor termómetro del declive que denunciaban los que clamaban por regenerar.

Si hay un lugar donde se observa con nitidez la degradación de aquel anhelo es la corrupción. El desfiladero de escándalos —Gürtel, los ERE, los Pujol— demuestra que la corrupción se instala con una facilidad aterradora en el epicentro del poder. Y, en los juicios recientes, la escena no es la de tramas indescifrables sino la de decisiones tomadas a la vista de todos: un ministro que ordena amañar un contrato, enchufes que se pagan con naturalidad, agendas usadas como si fueran listados de contactos privados.

El juicio que entra en su semana final trae las declaraciones de Ébalos y Koldo; la narración pública de sus gestos —a veces pasividad, otras risas nerviosas, frustración real o figurada— se suma al desconcierto. Testigos y episodios que describen a funcionarios chocados por ciertas presencias en ministerios o a personas que acudían a sedes del partido con sobres de cash como quien visita a una prima el sábado por la tarde configuran un cuadro que nadie parece haber querido —o podido— frenar.

La dinámica se repite en Kitchen: otro ex ministro sentado en el banquillo, la acusación de órdenes que llevaban a robar y destruir pruebas, y cuadros policiales que, según la causa, acompañaron a un Gobierno en prácticas que vulneran los límites de lo aceptable. Luis Bárcenas, Jorge Fernández Díaz, los comisarios y los inspectores encarnan ese paisaje sombrío donde la obediencia sustituye al escrúpulo.

Frente a esto, la reacción dominante ha sido la negación. O se inventa una conspiración de jueces, periodistas y políticos para exculpar al poder, o se reduce todo a manzanas podridas que no comprometen el cesto entero. Incluso un fiscal que pide el archivo para una investigación admite que hay «determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente». La palabra transparencia, en ese contexto, suena más a eco que a práctica.

Al final, la regeneración prometida se reduce a pedir que se cumplan las leyes, respeto al trabajo de los jueces y cierta preservación del derecho a la información. La pregunta que queda —retórica, pero urgente— es si eso basta: si conformarse con lo mínimo es la respuesta digna de una democracia que aspiraba a más y que, hace una década, soñó en voz alta con reformarse a sí misma.