La recuperación del Pazo de Meirás: victoria del interés público frente a la apropiación del régimen

La sentencia del Tribunal Supremo es un hito que clausura una controversia jurídica y simbólica largamente abierta en nuestro país: el Pazo de Meirás y sus fincas son, por unanimidad de la Sala Civil, patrimonio del Estado. No es un detalle menor: se afirma con claridad lo que la memoria democrática reclamaba y lo que el ordenamiento jurídico debía confirmar tras la nulidad de los títulos que habían sustentado la apropiación originaria.

Pero la decisión no es un acto de simple expurgo histórico; es también una sentencia que equilibra el derecho con matices. El Supremo reconoce, sobre la base de lo planteado en la propia demanda de la Abogacía del Estado, que los herederos de Francisco Franco merecen ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles que efectuaron desde la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975. Los nietos han situado esa cifra en 800.000 euros, aunque el Alto Tribunal no cuantifica el monto: corresponderá ahora a un juzgado de A Coruña fijarlo en el trámite de ejecución.

El fallo confirma la tesis que ya había sostenido la Audiencia Provincial de A Coruña en 2021: titularidad pública frente a reconocimientos privados. Y rechaza los recursos tanto de la Abogacía del Estado —a la que se adhirieron administraciones autonómicas y locales— como los presentados por los herederos Martínez Bordiú‑Franco. En sede de casación no se discutió la nulidad de las donaciones y compraventas originarias: se debatió la usucapión y la procedencia de una compensación. En ambos puntos la Sala decidió con concreción jurídica.

En lo relativo a la prescripción adquisitiva, la Sala entiende que desde 1938 el pazo estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, en una función análoga a la de otras dependencias oficiales. Esa condición impidió que sus moradores pudieran ostentar la finca como dueños, al menos hasta la década de 1990, cuando cesó la prestación administrativa del servicio. Consecuencia: cuando se presentó la demanda en julio de 2019 no habían transcurrido los 30 años exigidos por la ley para adquirir la propiedad por prescripción.

Y en cuanto a la indemnización, el Supremo parte de un hecho procesal incontestable: en la demanda se había indicado expresamente que no se cuestionaba la buena fe de la familia en su posesión. Esa posición, además, era congruente con el informe jurídico de la Comisión de Expertos del Parlamento de Galicia. Los jueces subrayan que los herederos utilizaron el inmueble de forma pública y pacífica desde el fallecimiento de Franco, que fueron tratados como poseedores legítimos por la administración y que no mediaron requerimientos con valor jurídico antes de la demanda. Cambiar esa postura procesal, sostienen, habría causado indefensión.

La consecuencia práctica es doble y nítida: se devuelve al patrimonio público lo que era públicamente destinado, y se obliga a considerar las consecuencias materiales derivadas de la posesión. El Gobierno, que aguardaba este pronunciamiento para avanzar en la conversión del Pazo en un Lugar de Memoria y su apertura completa al público, obtiene la confirmación judicial que necesitaba para proceder a la rehabilitación estatal. El ministro Ángel Víctor Torres ha celebrado que la sentencia supone “devolver a lo público lo que público era”; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la califica como un “ejercicio de justicia”. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha declarado que, si la decisión conlleva una indemnización, “habrá que acatarla”.

No hay en la resolución atajos morales ni concesiones a la retórica: el Tribunal Supremo ha resuelto conforme al derecho y a las pruebas procesales. La recuperación del Pazo de Meirás es, por tanto, una decisión jurídica que respalda la voluntad de preservar la memoria colectiva y el patrimonio público, sin ignorar las consecuencias económicas derivadas de la posesión reconocida en sede procesal. El Estado recupera la titularidad; la justicia, cerrando el pleito, traza ahora el camino para que ese bien vuelva a ser de todos y para que se concrete, en los términos que la ley establece, cualquier compensación que proceda.