La purga de la Fiscalía: culminación de seis años de captura institucional

En la narrativa reciente de nuestras instituciones hay episodios que no pueden contemplarse como meras anécdotas: constituyen síntomas. La purga ejecutada por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, contra quienes criticaron a su predecesor y el ascenso de afines que se abraza al llamado Equipo Fortuny, debe leerse en clave de síntoma. No es un ajuste individual; es la consumación de un proceso que viene de lejos.

Hace seis años, la Fiscalía comenzó a alejarse de esa neutralidad formal que exige el Estado de Derecho. Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz no solo dejaron su impronta: agravaron la utilización partidista de la institución con una lista de maniobras que el propio devenir ha ido documentando. El relevo de María José Segarra por Delgado siguió a un intento del Gobierno de que determinados criterios procesales se impusieran en casos de enorme carga política; el giro en la línea de acusación en aquellos procedimientos y la transición de Delgado desde la cartera de Justicia a la Fiscalía marcaron un antes y un después en la percepción pública de la institución.

El episodio de García Ortiz alcanza dimensiones que trascienden la controversia administrativa: la condena por revelación de secretos, referida a la filtración de datos reservados sobre la pareja de una líder política, y su cese en diciembre de 2025 son hechos que arrojan una sombra histórica sobre la jefatura fiscal. El Supremo apreció en varios episodios decisiones como desviaciones de poder cuando se trató de ascensos a la medida y nombramientos que toparon con la legalidad. Resultado: una Fiscalía rota, desprestigiada y fracturada internamente.

Y en ese paisaje dejó su huella Teresa Peramato, figura próxima a los anteriores responsables, cuya reciente purga —con el ascenso, entre otros, de la esposa de un ex fiscal— no despeja la incógnita de la sanación prometida. En la práctica, la institucionalización de nombramientos afines y la remoción de críticos amplifican la percepción de que la Fiscalía ha pasado de ser un órgano técnico a un instrumento de intereses políticos.

No pueden ignorarse tampoco las piezas que completan el puzzle: la utilización de la Fiscalía en casos vinculados al hermano y a la esposa del presidente del Gobierno y la paralela campaña de desprestigio contra jueces y medios independientes conforman un tablero en el que la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona. Son hechos publicados que, juntos, describen una degradación institucional que cuestiona la independencia efectiva de quien debe perseguir delitos sin servidumbres partidistas.

Quien quiera comprender el alcance de lo sucedido debe mirar la secuencia completa: decisiones de nombramiento, cambios en líneas de actuación, sentencias que constatan excesos y, al final, la consolidación de una dirección que no despeja las heridas sino que parece profundizarlas. No se trata de un debate semántico: la salud del Estado de Derecho se mide cuando los resortes constitucionales no se pliegan al interés político del momento, y los hechos mencionados son, de por sí, una llamada de atención que exige memoria, reflexión y, sobre todo, respuestas institucionales que restauren la neutralidad y la confianza públicas.