La prórroga de alquileres a punto de naufragar: Sumar cede y el Gobierno se deshilacha

El Gobierno progresista de PSOE y Sumar llega al pleno con las cartas en la mesa y la mesa resquebrajada. Lo aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo —la prórroga que congela contratos a punto de vencer y limita las subidas a un 2% en los próximos dos ejercicios— no encuentra el respaldo que necesitaba en la Cámara. La medida, impulsada como respuesta a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo sobre el mercado y la inflación, se enfrenta ahora a la probable derrota parlamentaria.

Sumar se volcó en la defensa del decreto. Presionó al PSOE y entró en contactos directos con Junts hasta ceder en mejoras que los independentistas reclamaban: bonificaciones fiscales para caseros y exenciones de IVA para determinados autónomos. Incluso ministros de Sumar —entre ellos el portavoz Ernest Urtasun y el responsable de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy— llevaron el mensaje hasta el último momento, tratando de convencer a Junts y al PSOE de forjar un acuerdo que permitiera la convalidación.

No bastó. PP, Vox y Junts mantienen su oposición. El PP y Vox se aferran al argumento de que las medidas perjudican a los propietarios e incentivarían la ocupación; Junts, por su parte, se muestra inamovible y niega haber negociado formalmente, aunque los contactos se han multiplicado. En el Ejecutivo hay acusaciones internas: desde Sumar apuntan a la falta de implicación total del PSOE; desde los socialistas, a la decisión ideológica previa de Junts de tumbar el decreto.

La negociación sobre las demandas de Junts revela la envergadura del choque: la exigencia de que todos los autónomos que facturen hasta 85.000 euros queden exentos de IVA —según fuentes del Gobierno, una medida con fuerte impacto recaudatorio—, y las bonificaciones a los caseros, han sido ofrecidas como monedas de cambio por miembros de Sumar. El PSOE, sin embargo, se mostró escéptico desde el principio respecto a la viabilidad de la convalidación, consciente del rechazo frontal de la derecha y del independentismo.

La escena política dibuja una realidad incómoda: un decreto concebido como alivio temporal para miles de inquilinos se encuentra hoy a merced de equilibrios partidistas y de vetos cruzados. Sumar ha hecho causa por la prórroga; ha demostrado disposición a negociar y a aceptar concesiones que otros socios no avalaban. El resultado de la votación, previsto al cierre de la jornada, proyecta una decisión que no solo es jurídica o técnica, sino profundamente política: la capacidad del Ejecutivo para gobernar por decreto cuando no encuentra respaldos amplios en el Parlamento.

Si el decreto cae, no será solo una derrota legislativa: será un síntoma de la fractura interna entre socios de Gobierno y de la incapacidad de sumar mayorías en asuntos de alta sensibilidad social. Y si sale adelante, habrá que ver a qué precio y con qué medida compensatoria para los afectados. Hoy, en el hemiciclo, se dirime algo más que una prórroga: se dirime la autonomía negociadora de este Gobierno y la respuesta legislativa ante una crisis de acceso a la vivienda que muchos perciben como creciente.