La prioridad nacional: una cesión barata que desgarra al PP

Cuando la dirección de un partido asume dar pasos que diluyen límites y confundEN banderas, el riesgo no es solo político: es identitario. Génova ha aceptado incorporar la expresión “prioridad nacional” en pactos autonómicos con Vox —Extremadura y Aragón, y en camino Castilla y León— y lo ha hecho convencida de que se trata de "una cesión barata". No es baladí: ese marco conceptual, importado de la extrema derecha francesa según la negociación, viene cargado de implicaciones que ya provocan desavenencias internas y críticas externas.

Fuera del núcleo duro de la dirección, el vocabulario es otro. "Sapo", "trampa" o la imagen nítida de que "nos han colado un gol" son las palabras que circulan en el PP. No es simplemente una disputa semántica: la letra del acuerdo prescribe baremos como el "empadronamiento", la "trayectoria de cotización" o la "vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa" para ordenar el acceso a prestaciones. Se busca así sortear el escollo legal —la ley de extranjería prohíbe la discriminación por origen— pero la argucia técnica no despeja la controversia política y moral.

La paradoja aflora cuando quienes deberían cerrar filas muestran disenso público. Isabel Díaz Ayuso advierte que priorizar a los españoles no "es legal ni se ajusta a derecho"; Juan Manuel Moreno, a pocas semanas de elecciones en Andalucía, se desmarca y promete no gobernar con Vox; la Conferencia Episcopal y Amnistía Internacional han expresado reparos. Incluso editoriales conservadores califican la iniciativa de error. Cuando aliados y críticos coinciden en la alarma, el problema ya no es interno: es una cuestión de imagen y de gobernabilidad.

El andamiaje propuesto para dar encaje jurídico al principio abre, además, interrogantes prácticos cuya respuesta no está en el papel. ¿Cómo se calculará el "arraigo real, duradero y verificable"? ¿No rompe eso la igualdad entre españoles si un traslado de residencia penaliza el acceso a ayudas? ¿No generará frustración entre quienes esperaron beneficiarse de una prioridad proclamada cuando la aplicación dependa de baremos complejos y discrecionales? Son preguntas que, por ahora, el PP ha dejado a medias.

Que la supervisión de estos pactos recayese en la dirección —con Miguel Tellado y Marta Varela sentados con los negociadores de Vox— añade gravedad política. No es lo mismo un acuerdo local que un criterio refrendado por Génova; la firma de la cúpula blinda la iniciativa y la convierte en bandera del proyecto nacional del PP. Y ello a pesar de que la dirección insiste en minimizar la cesión.

El debate no es anecdótico. Un sintagma —"prioridad nacional"— se ha incrustado en el ideario de la derecha y amenaza con ser tóxico para el PP: abre fricciones internas, alimenta la narrativa de la oposición y desgasta la palabra pública del partido. Si la estrategia era ganar gobernabilidad a corto plazo, la factura política y ética podría ser mayor y más duradera. El dilema es claro: sostener una cesión que divide o enmendarla antes de que la controversia se convierta en una rémora electoral y en un agravio permanente contra la cohesión que el PP necesita para gobernar.