La 'prioridad nacional' que se desdibuja: arraigo, no pasaporte

Que en política las palabras pesan más que las intenciones es una verdad antigua y peligrosa. "Prioridad nacional" es la fórmula que ha encendido la mecha: su resonancia evoca consignas y exclusiones y, por eso mismo, exige precisión antes que retórica. En menos de veinticuatro horas el primer pacto autonómico entre el PP y Vox ha pasado de ser un titular a convertirse en un problema de lenguaje y de límites legales.

Génova ha acudido a la precisión técnica para atemperar el ruido: no se tratará de otorgar ayudas por la nacionalidad, sino de establecer "incentivos" baremables en función del arraigo y la vinculación con Extremadura. Es decir, se premiará la antigüedad del empadronamiento y los vínculos familiares, laborales, de cotización y sociales con el territorio. El matiz es decisivo: la "partida de nacimiento" no determinará la prioridad en las ayudas, aseguran fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo.

El texto pactado recoge la expresión "prioridad nacional", pero añade la salvedad de adaptarse a la legalidad vigente y procura "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo". En lenguaje político, eso equivale a hablar de umbrales de arraigo y de baremación por años de residencia, no de discriminación por lugar de procedencia. Lo explica el propio equipo popular: "Son criterios de incentivo" que "valen igual para los daneses que para alguien de Marruecos".

La advertencia desde Moncloa no se ha hecho esperar: el Gobierno ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional si alguna medida autonómica contraviene el principio de igualdad. "El papel lo aguanta todo", dijo el presidente Sánchez en Barcelona, y anunció que recurrirán "con toda la fuerza del Estado" si el acuerdo se traduce en leyes autonómicas que vulneren derechos y libertades.

La réplica de Génova es igualmente contundente: "Si el Gobierno quiere recurrir cualquier cosa del acuerdo, aquí los esperamos". Los equipos jurídicos del PP, aseguran, han revisado pormenorizadamente el pacto y no han encontrado indicios de ilegalidad. La tensión, por tanto, no es solo sobre el fondo sino sobre el modo en que se nombra y se aplica una política social.

El efecto político ya se ha notado en el tablero interno de la derecha: desde posturas críticas de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso hasta el desmarque de Juanma Moreno, que busca no pagar peajes a Vox en su proyecto autonómico. Mientras tanto, en Vox celebran el logro: Ignacio Garriga habla de un "hito histórico" y de un eje estratégico para futuros acuerdos.

Lo que está en juego no es solo una letra del pacto, sino la frontera entre una política de incentivos por arraigo y la tentación de convertir un lema en criterio excluyente. Si la ley marca límites, la responsabilidad política exige no sólo fórmula y estilo, sino garantías claras para que los incentivos no se transformen en barreras. Esa es la discusión que viene: cómo se barema el "vínculo" y hasta dónde llega la protección del principio de igualdad en el reparto de recursos públicos.