La política no puede convertirse en ambiente de agresión

Ha ocurrido en el recinto donde la razón pública debería prevalecer sobre las pasiones: el Ayuntamiento de Pepino. El exalcalde y portavoz del PP, Inocencio Gil Resino, ha tenido que recurrir a la Guardia Civil para denunciar que, al término del pleno celebrado el jueves 26 de marzo, sufrió una agresión física por parte de una persona que formó parte de la candidatura del PSOE en las municipales de 2023.

No es una anécdota local que deba relegarse al olvido: además de la denuncia de Gil Resino, otro edil del municipio presentó también denuncia ante el Instituto Armado. Las diligencias se han remitido al juzgado de guardia de Talavera de la Reina, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Hechos, hechos y más hechos: insultos reiterados durante la sesión, y una agresión posterior dentro de las dependencias municipales, cuando el pleno ya había finalizado, tal y como recoge la denuncia que ha difundido el PP.

El Partido Popular de Toledo ha respondido con la contundencia que exigen los hechos: muestra su "más firme apoyo" a Gil Resino, condena rotundamente lo ocurrido y subraya la gravedad de un episodio que atenta contra los principios básicos de respeto y convivencia que deben regir la vida pública. Es una observación que no admite relativismos: el pleno municipal es el máximo órgano de representación democrática y no puede transformarse en escenario de enfrentamiento físico.

El PSOE de Toledo, por su parte, ha condenado "cualquier forma de violencia" en un mensaje en redes sociales, recordando que los espacios públicos deben ser de respeto y diálogo. Ambos partidos, según las notas públicas, han apelado a la responsabilidad colectiva para rebajar la confrontación y preservar la dignidad institucional.

Conviene refrescar el contexto conocido y veraz: Inocencio Gil Resino fue apartado de la Alcaldía de Pepino tras una moción de censura en octubre de 2025. Esa moción contó con el apoyo de dos ediles del PSOE, dos de Vox, y tres concejales no adscritos que hasta junio habían pertenecido al PP; y con dos votos en contra —los concejales que el PP mantiene en el Consistorio. No añadimos ni una coma a lo publicado: es el mapa político que rodea los sucesos denunciados.

No podemos naturalizar la violencia política ni tolerar que las tensiones municipales escalen hasta lo físico. La denuncia ha sido puesta en manos de la Justicia y es a ella —y solo a ella— a la que corresponde determinar responsabilidades. Hasta entonces, la obligación de las fuerzas políticas y de los representantes públicos es rebajar la bronca, proteger la institucionalidad y restituir el respeto que demandan los ciudadanos. La democracia exige, en la plaza pública y en los pasillos municipales, la firmeza del derecho y la templanza de la palabra.