La mujer de la DINA que Australia devuelve a la justicia chilena

La historia se presenta con la crudeza de un expediente: Adriana Rivas, vinculada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) del régimen de Augusto Pinochet, enfrenta ahora el retorno forzoso a la jurisdicción que la investiga por delitos de lesa humanidad. Una corte australiana rechazó el último recurso que buscaba frenar su extradición a Chile.

No es una biografía embellecida ni una leyenda: los hechos constan en las piezas públicas. Rivas trabajó en la DINA entre 1973 y 1977, fue secretaria y traductora —por su dominio del inglés— y llegó a estar junto al hombre fuerte de la inteligencia de entonces, Manuel Contreras. La investigación judicial vincula a la llamada “Brigada Lautaro” con el desmantelamiento y la desaparición de la cúpula del Partido Comunista; la DINA, por su parte, ha sido probada como responsable de torturas, muertes y desapariciones durante la dictadura.

Los relatos familiares y documentales han tenido su voz en este proceso. La sobrina de Rivas, Lissette Orozco, filmó un documental titulado "El pacto de Adriana" en el que reconstruye la vida de la tía conocida como “Chany” y expone la sorpresa y el desconcierto de una familia que creyó conocerla. Rivas, por su parte, niega las imputaciones: sostiene que nunca golpeó ni torturó, que nunca tuvo contacto con detenidos y reivindica episodios de una carrera que ella misma describió con añoranza.

Los hechos procesales son contundentes en lo formal: Rivas vivió más de tres décadas en Australia —trabajando como niñera y en labores de limpieza— hasta su detención en 2019. Antes, en 2011, regresó a Australia en violación de una libertad condicional. Fue arrestada en Sídney en febrero de 2019 y, tras agotar recursos, la justicia australiana concluyó que es elegible para extradición.

No cabe aquí la retórica ni la indulgencia con los tonos: se trata de una causa que remite a crímenes del pasado y a la búsqueda de responsabilidad. Los tribunales en Australia han actuado sobre la base de los procedimientos legales que atañen a la entrega a la justicia chilena. Queda en manos de las autoridades chilenas llevar adelante la investigación y, llegado el caso, la reacción judicial que el expediente y las pruebas aconsejen.

Que la sociedad observe este proceso con serenidad y firmeza: cuando se trata de derechos humanos y de la memoria pública, la certeza procesal y la transparencia son el camino para la justicia y para evitar que el pasado vuelva a imponerse como impunidad.