La muerte de Royer: otra cuenta sin respuesta en los centros de ICE

La noticia fue breve en los hechos y pesada en las consecuencias: a las 2:34 de la madrugada del 16 de marzo, Royer —identificado también como Rogelio Pérez en registros— fue encontrado "inconsciente y sin responder a estímulos" en una habitación del Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida. Minutos después falleció. ICE informó que se trata de un "presunto suicidio" y que la causa oficial sigue en investigación.

Que un joven de 20 años —el mayor de cinco hermanos, originario de San Juan Chamula, Chiapas, que emigró cuando tenía 15 y trabajaba en un restaurante, según relató su padre— pierda la vida bajo custodia estatal obliga a preguntas que no caben en evasivas burocráticas. El gobierno mexicano y su Consulado en Miami ya intervinieron: calificaron estos fallecimientos como "inaceptables", exigieron una investigación pronta y exhaustiva, y el consulado visitó el centro para acompañar a la familia en las gestiones de repatriación.

Los números que acompañan la tragedia no son menores. Detention Watch Network señala que Royer es la persona más joven muerta en un centro de detención de migrantes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025; esa organización contabiliza 44 muertes desde entonces. La agencia AP ha llevado su propia contabilidad y suma 46 fallecimientos. CBS News, socia de la BBC en EE. UU., documentó que 31 detenidos murieron bajo custodia en 2025. Tres recuentos distintos, una misma hoja de ruta de dolor.

No son solo cifras: son relatos coincidentes que apuntan a fallas estructurales. Investigaciones y testimonios recogidos sobre el Centro de Detención del Condado de Glades describen un lugar calificado por una académica como un "agujero negro": exposiciones a aerosoles antimicrobianos en concentraciones tóxicas, filtraciones de monóxido de carbono con efectos incapacitantes, uso de gas pimienta como castigo por pedir agua o papel higiénico. Denuncias sobre falta de acceso a servicios médicos, condiciones de higiene y alimentación deficientes han surgido con insistencia en varios centros, especialmente en Florida.

ICE, por su parte, afirma su compromiso de mantener entornos "seguros, protegidos y humanos" para las personas bajo su custodia. Las palabras chocan con los testimonios y los números. Carly Pérez Fernández, de Detention Watch Network, expresa indignación: 13 muertes solo este año y 44 desde el inicio del actual gobierno, según su recuento. "Nadie está a salvo", dijo, señalando que la presencia de agentes en las calles y en los centros no ha reducido la tragedia humana.

Frente a estos hechos documentados, la respuesta de las autoridades debe ser clara y proporcional: investigación transparente, rendición de cuentas y medidas inmediatas para corregir condiciones que testimonios e informes reiteran como peligrosas. La familia de Royer espera repatriación; la sociedad exige certezas. No valen los informes de buena voluntad si las prácticas y los lugares siguen causando muertes.

Que el caso de Royer no quede cubierto por el mismo silencio administrativo que too menudo sigue a estas muertes es una exigencia mínima de justicia. Cada cifra en esos recuentos representa una vida y una familia; no son estadísticas que puedan seguirse con eufemismos. Si el Estado mantiene la custodia de una persona, asume la obligación ineludible de protegerla. Punto.