La Moncloa reduce la ambición y gobierna a golpe de reales decretos

La Moncloa ha desplegado un Plan Anual Normativo para 2026 que, en número y naturaleza, dice más de lo que proclama. Aprobado por el Consejo de Ministros, el documento fija 179 iniciativas para el año: 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. El grueso del plan recae, por tanto, en instrumentos que no precisan, en primera instancia, el paso por el Congreso.

El hecho es incontrovertible: los reales decretos constituyen el 73,1% del paquete previsto. No es una curiosidad técnica. Es la herramienta escogida por un Ejecutivo que se mueve en una arquitectura parlamentaria de “compleja pero razonable estabilidad”, en palabras de Félix Bolaños, y que registra 62 iniciativas ya remitidas al BOE. Es también, añadido el contexto preelectoral y la distancia creciente de los socios, la vía para sortear trabas legislativas y acelerar decisiones desde el Ejecutivo.

La cifra de 179 propuestas marca un retroceso respecto a ejercicios inmediatos: 199 en 2025; 198 en 2024; y, en contraste, 368 en 2022. Sólo en 2023 (117) y en 2021 (144) hubo registros menores, aunque respondiendo a circunstancias concretas. El 2020 —172 iniciativas— fue un año atípico por la pandemia. Estos números indican, sin florituras, un ejercicio de planificación que el Gobierno califica de “realista” y “ambicioso”, pero que en la práctica privilegia el cauce ejecutivo sobre el cauce parlamentario.

Ese desplazamiento tiene consecuencias políticas claras y ya visibles. La principal ley de un Ejecutivo, la de Presupuestos Generales del Estado, figura en el plan, pese a que no se ha presentado en toda la legislatura. El Gobierno mantiene la voluntad de presentarla en 2026, aunque no ha logrado aún superar derrotas relevantes —entre ellas el rechazo a la prórroga de los alquileres— ni disipar la evidencia de límites en su capacidad de consenso para votar aumentos de gasto en partidas como Defensa.

Entre las iniciativas enumeradas figuran medidas de calado: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; la Ley Orgánica de Integridad Pública; y la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Todas ellas aparecen en el plan, pero su materialización dependerá, en buena medida, del trámite que finalmente se decida darles: legislativo o ejecutivo.

La Moncloa proclama que la legislatura “suma y sigue”. Lo hace mientras reduce la ambición numérica del plan y recurre masivamente a reales decretos. No es una declaración menor: es la constatación de que, en ausencia de una mayoría parlamentaria sólida y con socios que miran já su propio perfil electoral, el Gobierno prefiere gobernar desde el Consejo de Ministros y dejar a la Cámara el papel secundario que permite la técnica normativa elegida.

Esa elección, legítima dentro de la legalidad, plantea una pregunta política de fondo: ¿prefiere el Ejecutivo imponer ritmo y forma por la vía ejecutiva o forzar los consensos necesarios para que las grandes leyes —presupuestos incluidos— se sostengan en el debate y la aprobación parlamentaria? El Plan Normativo 2026 ofrece la respuesta práctica; la discusión democrática seguirá abierta en el Congreso y en la opinión pública.