La Moncloa en silencio: transparencia exigida, obligaciones incumplidas

La democracia exige claredad; la ley exige respuesta. El pasado 19 de enero, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución que pone luz sobre un gesto elemental de cualquier Administración: comunicar por qué se niega información solicitada por un ciudadano.

Una ciudadana reclamó a la Secretaría General de la Presidencia la relación de medios oficiales de transporte utilizados por los familiares directos del presidente del Gobierno —hijas y padres— desde 2020 hasta la actualidad, así como el motivo de esos viajes y las personas que les acompañaron, excluyendo al equipo de seguridad. No se trataba de una petición velada ni imprecisa; era una demanda concreta y delimitada en el tiempo.

La respuesta de la Administración, sin embargo, fue la palabra muda: Moncloa no contestó. Ni negó con fundamento, ni alegó la aplicación de los límites previstos en la Ley de Transparencia, ni siquiera justificó la inadmisión. Ese silencio, advirtió el Consejo en su resolución, dificulta "considerablemente" el cumplimiento de la función del órgano, porque impide disponer de todos los elementos de juicio para valorar la procedencia del acceso a la información.

Así las cosas, el Consejo de Transparencia actuó y dictó una orden clara: la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno debe remitir a la reclamante, en el plazo de 10 días, el detalle de los datos de los medios de transportes públicos utilizados por la familia de Sánchez en los últimos cinco años. La resolución, nacida de una reclamación ciudadana y del propio trámite del Consejo, es un recordatorio de que las obligaciones de la Administración no son optativas.

No se trata aquí de especulaciones ni de insinuaciones: los hechos consignados son nítidos. Una petición formal, un silencio administrativo y una resolución del órgano competente que obliga a la entrega de información. Ese es el relato que nos ofrece la documentación: la transparencia exigida y la respuesta que la ley demanda.

Que la Presidencia haya optado por no justificar su negativa no es un detalle menor. Cuando la respuesta falta, la confianza se erosiona y la autoridad del control público se resiente. Por eso el Consejo decidió no callar y requerir la actuación que corresponde. Ahora resta ver el cumplimiento efectivo de esa orden y la entrega real de los datos reclamados.