La ministra planta cara: huelga, alianzas y responsabilidades

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto el dedo en la llaga con crudeza: lo que comenzó como reivindicación profesional —reducción de guardias de 24 horas, límite de turnos— corre el riesgo de convertirse en un instrumento político que no ayuda ni a los profesionales ni a la ciudadanía.

García no elude la palabra: algunos sindicatos, dice, están "perfectamente alineados con la derecha". Esa afirmación no es una hipérbole retórica; responde a su diagnóstico de que la huelga, ya en su tercera semana, se mantiene cuando parte de las reclamaciones están recogidas en la reforma del estatuto marco y cuando, según ella, algunos actores aceptaron en privado desescalar y finalmente no lo hicieron.

Sobre las peticiones de dimisión que emanan de organizaciones de trabajadores y, además, del PP y del PNV, la ministra encuadra esas exigencias en lo que califica como "ataque constante al Gobierno de España". Hay aquí una acusación clara: no solo crítica profesional, sino propósito político de desgaste.

García recuerda que la reforma aprobada ha llevado la regulación "a límite de sus competencias" y que corresponde ahora a las comunidades autónomas materializar mejoras con recursos. No niega la negociación: afirma que se han puesto soluciones sobre la mesa y que el bloqueo no obedece a incapacidad del Ejecutivo para pactar, sino a otras motivaciones.

La ministra apunta directamente al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por una respuesta que considera irresponsable: culpar a las huelgas del aumento de las listas de espera, cuando —dice— son comunidades gobernadas por ese partido las que, en su opinión, deben generar la mayoría de esas listas de espera.

La comparación histórica es nítida y deliberada: García evoca lo ocurrido con Ernest Lluch en 1986 y su Ley General de Sanidad para ilustrar lo que interpreta como un intento de "deconstruir" un Gobierno mediante la instrumentalización de conflictos sanitarios.

No olvida las alianzas internas: subraya que CCOO, UGT, CSIF y Satse han remado a favor del objetivo —que dentro de diez años no haya guardias de 24 horas— y que en el Comité de Huelga existen discrepancias. Señala, por tanto, una doble responsabilidad: la de quienes bloquean las soluciones y la de quienes aprovechan la confrontación para su rédito político.

Y, como telón de fondo, la política partidista: la ministra vincula la pugna por el liderazgo en Madrid —el choque con Emilio Delgado en las primarias— a una distracción que perjudica el foco en lo esencial. Además, reclama coherencia frente a la oposición que, en su lectura, ha dejado en el abismo a miles de españoles al votar contra medidas de prórroga de alquileres, y denuncia la deriva "ultra" del Gobierno regional madrileño.

El debate que plantea García es claro y directo: ¿quién pone por delante el interés de los profesionales y de los pacientes, y quién antepone la táctica política? Las respuestas deben buscarse en hechos y en responsabilidad, no en la instrumentalización de legítimas demandas laborales para erosionar al Gobierno. Si la política actúa como arma, pierde su razón de ser; si la política permite materializar acuerdos, gana la ciudadanía.