La maquinaria del bulbo: cuando la mentira se viste de tertulia

La comparecencia de Pilar Baselga en los juzgados de Julián Camarillo dejó un gesto conocido: paso relajado, desafiante frente a la prensa y una apelación al relato alternativo. En el banquillo, sin embargo, la gravedad de las palabras sigue ahí: a finales de 2022 afirmó en el programa Los intocables que la esposa del presidente, Begoña Gómez, nació hombre y que su supuesto nombre era "Begoño", además de vincularla con una "cuestión de narcotráfico en Marruecos". Esos enunciados no flotaron en el vacío: se convirtieron en tendencia en redes y multiplicaron las visualizaciones del programa en cuestión de horas.

En la sala, Baselga se disculpó por expresiones "desafortunadas" y defendió su inocencia: sostuvo que no pretendía calumniar, que sus afirmaciones provenían de "medios alternativos" y que aquel día actuó "por improvisación" porque no es periodista y acudía por primera vez al espacio. Pero la disculpa no borra el efecto de los bulos, ni la estrategia comunicativa que los alimenta: un corte viral, medio contexto y una audiencia dispuesta a compartir.

La causa judicial ha cambiado su petición inicial —dos años de cárcel y una indemnización— por una multa de 21.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 que afecta también a Distrito TV. El abogado de Begoña Gómez recordó ante el tribunal que no se trata de "hechos triviales" sino de afirmaciones "muy graves" usadas, según la acusación, como "un ariete contra su marido" y con una clara "finalidad insultante". Es en este punto donde la patraña deja de ser mero exceso retórico y se perfila como instrumento de daño político y personal.

Defensa y defensa del medio han tratado de desmontar la pieza probatoria alegando manipulación del vídeo y cortes fuera de contexto; la procesada insiste en que no buscó calumniar. Nadie, en cualquier caso, niega que el contenido se difundió y que la dirección del programa llegó a condenar públicamente las palabras días después. La retractación de Baselga en 2023, cuando la querella ya estaba interpuesta, y la disculpa del canal, son datos que confirman la existencia del daño y la necesidad de aclararlo ante los tribunales.

Este episodio no es un asunto aislado entre anécdotas televisivas: es una muestra de cómo ciertos espacios y voces, con audiencias amplificadas —el canal de YouTube de Baselga supera los 520.000 suscriptores y su cuenta de Telegram tiene más de 15.000—, pueden convertir una especulación sin pruebas en tormenta viral. La responsabilidad no es solo individual: se extiende a quienes producen, emiten y monetizan ese contenido. En la sala se debatió sobre quién tenía el control editorial del programa; lo cierto es que el corte y su difusión tuvieron consecuencias reales para la persona aludida y, por extensión, para la institución que representa.

Que una tertuliana afirme, sin pruebas verificables, que la esposa del Gobierno es transexual y la vincule a delitos graves constituye un ataque que excede la libertad de expresión y entra en el terreno de la difamación. La Justicia está llamada a dirimirlo con las pruebas que obran en el proceso. La sociedad, por su parte, debe preguntarse qué papel quiere jugar: ¿dar cancha a la intoxicación o exigir responsabilidad, transparencia y reparación cuando se causa daño?

No es momento de ambivalencias. La rapidez con la que un bulo se instala en la opinión pública y la lentitud con la que se corrige sientan precedentes peligrosos. Hay medios y tertulias que alimentan la indignación como producto. Hay ciudadanos que consumen y rebotan. Y hay instituciones que deben proteger a quienes son blanco de campañas fabricadas. Si la democracia se sostiene en la verdad y en el respeto a la dignidad, quienes lucran con la mentira deben asumir las consecuencias que marca la ley y la ética pública.