La letra pequeña que recuerda la ley: límites y promesas en el acuerdo PP-Vox en Extremadura

El texto del acuerdo para gobernar Extremadura suena firme, rotundo, casi categórico. Pero al leerlo con atención, como quien examina una maquinaria que promete mover montañas, aparecen coletillas —“marco legal vigente”, “limitadas competencias”— que actúan como frenos, recordándonos que la potestad para muchas de esas decisiones no reside en una comunidad autónoma sino en el Estado.

Los menores extranjeros no acompañados son un ejemplo insistente de esa contradicción. El acuerdo declara la voluntad de promover retornos y repatriaciones, pero la realidad jurídica es clara: los acuerdos con países terceros para esos fines los firma el Gobierno central. Además, las garantías que blindan a esos menores —asistencia letrada, comprobación de condiciones sociales y familiares en el país de origen, derecho a negarse a salir— no desaparecen por la voluntad de un Ejecutivo autonómico. La letra pequeña reclama, otra vez, el cumplimiento de la ley.

En cuanto al reparto de migrantes entre comunidades, el documento se opone “por todos los medios” a cualquier redistribución de inmigrantes “ilegales”, una fórmula que olvida una precisión elemental: los menores no son ni pueden ser calificados legalmente como «ilegales». Existe un marco legal que regula la redistribución en situaciones de emergencia y la jurisprudencia del Supremo ha obligado a comunidades renuentes a acoger a menores cuando corresponde.

La promesa de habilitar consignación presupuestaria para pruebas de determinación de edad pretende tranquilizar la opinión pública sobre supuestos fraudes. Pero aquí también rige un límite: la realización de esas pruebas corresponde a la Fiscalía. Las comunidades pueden dotarse de recursos, comprar equipos, pero no modificar la regla básica sobre quién decide su práctica y validez jurídica.

Igual de concluyente resulta la advertencia sobre competencias sanitarias y prestaciones. El acuerdo anuncia recortes y exclusiones, incluso la supresión de subvenciones a ONG y la suspensión de programas culturales o lingüísticos. No obstante, la competencia para definir el alcance de la sanidad pública y quiénes son sus beneficiarios corresponde al Estado, según la jurisprudencia citada por expertos. En materia de prestaciones sociales, las realidades administrativas y legales muestran además que las ayudas directas a personas en situación irregular son, en la práctica, muy limitadas.

La tensión entre la rotundidad del lenguaje político y la realidad jurídica se repite en cada punto. Muchas de las medidas que aparecen en el papel solo podrían materializarse si se cambian leyes nacionales o si los firmantes alcanzaran el poder central y promovieran reformas legislativas. Es decir: discurso de aplicación inmediata frente a una normativa que exige cauces estatales y garantías judiciales.

Queda, por tanto, una lección elemental pero insistente: prometer es legítimo; prometiendo se moviliza al electorado. Pero gobernar exige que las promesas se ajusten al marco legal, a las competencias y a los derechos reconocidos. Cuando el ruido de las proclamas supera al respeto por la letra de la ley, el resultado no es eficacia sino frustración y conflictos competenciales. Y a la hora de la verdad, la letra pequeña del acuerdo recuerda más la necesidad del diálogo institucional que el afán de la decisión unilateral.