La legislatura en jaque: los socios de Sánchez decretan el fin de la supervivencia por decreto

La política no perdona a quienes gobiernan sin los apoyos imprescindibles. El decreto ley que proponía prorrogar los precios del alquiler durante dos años ha decaído: 177 votos en contra frente a 166 a favor y cinco abstenciones. Ese resultado no es una anécdota parlamentaria, es la radiografía de una mayoría que se descompone.

PP, Vox y UPN habían anunciado su voto en contra; Junts ya lo había confirmado anteriormente. A ese bloque se ha sumado la inesperada abstención del PNV. Con esos números, la norma no tenía posibilidad alguna de prosperar. No hablamos de matices: hablamos de la incapacidad del Ejecutivo para sumar siquiera a quienes hasta ahora le prestaban auxilio parlamentario.

El ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió en solitario la finalidad social del decreto y advirtió del impacto sobre millones de personas si la norma no salía adelante. Denunció, además, lo que consideró campañas en contra del texto y recalcó que la intención era proteger a los inquilinos frente a especuladores. Sus argumentos, sin embargo, no bastaron. Su soledad en el hemiciclo resultó evidente: apenas le acompañaron dos ministros de Sumar y ningún miembro del ala socialista.

La abstención del PNV no solo trastoca el resultado material del voto; tiene carga política. Su portavoz en el Congreso habló de "razones de forma y de fondo" y, junto a Junts, lanzó al presidente del Gobierno una pregunta lapidaria: "¿Cómo pretende seguir" gobernando "sin contar ya con apoyos parlamentarios claros?". La reflexión no es retórica: el propio presidente del PNV, Aitor Esteban, canceló una reunión prevista con representantes del Gobierno y del PSOE para negociar el nuevo estatus vasco, un gesto de enfado vinculado a un tuit del PSOE que los nacionalistas calificaron de ofensivo.

El PNV reprocha la costumbre del Ejecutivo de recurrir al decreto ley en lugar del diálogo y el consenso, una práctica que, según su portavoz, se ha encadenado desde la pandemia. Asimismo, subraya la colisión del texto con la Ley de Vivienda y la inseguridad jurídica que deja a quienes tramitaron prórrogas en las últimas semanas. En suma: ya no confían en que las promesas posteriores del Gobierno compensen apoyar medidas cerradas sin negociación previa.

Los hechos son tozudos. Cuando los aliados del Ejecutivo anuncian que no ponen la mano en el fuego por la viabilidad de la legislatura, no cabe seguir gobernando al día y por decreto como si la aritmética parlamentaria fuera una opción prescindible. Si la política consiste en gestionar mayorías, hoy esas mayorías no están. El dilema es claro y público: reconstruir confianza y pactos o encaminarse hacia la conclusión anticipada de una etapa política que se sostiene, cada vez con más dudas, sobre apoyos prestados.