La Knéset aprueba la pena de muerte: una decisión que rompe consensos y encendió alarmas internacionales

La Knéset ha dado un paso que reconfigura, con solemnidad y controversia, el rostro jurídico del conflicto: por 62 votos frente a 48, el Parlamento israelí aprobó una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento como sanción por defecto para palestinos condenados por atentados mortales catalogados como "actos de terrorismo".

La iniciativa fue empujada con vigor por la extrema derecha y por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que tras la votación celebró el resultado en la plataforma X con un mensaje de triunfo. En el hemiciclo, la defensa de la norma encontró además la adhesión del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La letra de la ley fija plazos precisos: ejecución en un plazo de 90 días, con posibilidad de aplazamiento hasta 180. Técnicamente, la norma permitiría aplicar la pena también a ciudadanos judíos cuando se determine que la intención del ataque fue "negar la existencia del Estado de Israel"; en la práctica, como advertían los críticos, la aplicación se proyecta casi exclusivamente sobre palestinos.

En el debate parlamentario emergieron testimonios duros. Limor Son-Har-Melech, afiliada al partido de Ben-Gvir y superviviente de un atentado en el que perdió a su marido, defendió la necesidad de la ley citando el ciclo de violencia y reclusión que, según sostuvo, ha terminado con liberaciones que han vuelto a poner a asesinos en la escena del conflicto.

Pero la norma no pasó sin resistencia ni consecuencias externas inmediatas. El líder opositor Yair Golan advirtió que la medida es "innecesaria" y vaticinó posibles sanciones internacionales; los gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron "profunda preocupación", señalando que el proyecto corre el riesgo de socavar los compromisos de Israel con principios democráticos.

La Autoridad Palestina calificó la aprobación como una pretensión de legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo un marco legislativo; Hamás, por su parte, afirmó que la ley "amenaza la vida" de los presos palestinos y pidió protección internacional para ellos.

En el terreno jurídico interno, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, denunciando que la ley es inconstitucional, discriminatoria y, respecto a los palestinos de Cisjordania, promulgada sin autoridad legal. Corresponde ahora al Tribunal Supremo decidir si admite a trámite el recurso.

Cabe recordar un dato histórico que arroja sombra sobre la decisión: Israel solo ha ejecutado a dos personas en toda su historia, entre ellas Adolf Eichmann. Esa rareza del recurso a la pena capital en la experiencia legal israelí subraya la magnitud del cambio legislativo aprobado esta semana.

La aprobación abre un abanico de preguntas severas sobre seguridad, justicia y reputación internacional: ¿reforzará esto la seguridad efectiva o profundizará la fractura entre seguridad y derechos? Las advertencias europeas y las apelaciones ante la Corte Suprema anuncian que la disputa legal y diplomática está lejos de cerrarse.