La Justicia española interpela a la ONU: ¿hay investigación sobre Netanyahu por la retención del casco azul?

La escena es de una gravedad que no admite lirismos: un casco azul español retenido por el Ejército israelí durante casi una hora mientras un convoy de la ONU quedaba bloqueado en el sur del Líbano. Ese episodio, ocurrido el 7 de abril, ha puesto en movimiento los resortes del Derecho y de la política exterior española.

La Audiencia Nacional, a través del titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha dirigido a la Organización de Naciones Unidas una consulta formal para saber si, efectivamente, la ONU ha iniciado ya alguna investigación sobre los hechos. Lo ha hecho atendiendo a la petición de la Fiscalía y amparándose en la necesidad de evitar duplicidades procesales: si ya existe una causa en sede internacional, España no podría abrir otra.

La petición judicial no es baladí. La denuncia la presentó Iustitia Europa, el partido del abogado Luis Pardo, que atribuye a lo sucedido en Líbano una “flagrante violación” de resoluciones del Consejo de Seguridad y del Derecho Internacional Humanitario. El escrutinio, según la propia denuncia, no se limita a los militares que retuvieron al soldado: se busca determinar si hay responsabilidad penal que alcance a instancias superiores, hasta el primer ministro Benjamín Netanyahu y al jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi.

La Fiscalía presentó un informe que motivó la gestión del juez Piña, quien ahora aguarda la respuesta de Naciones Unidas. No es menor el entramado procedimental: tanto la ONU como la Fiscalía adscrita a la Corte Penal Internacional pueden iniciar investigaciones con información aportada por individuos, Estados, ONG o el propio Consejo de Seguridad. La respuesta internacional decidirá, por tanto, la competencia y el rumbo procesal en España.

En el plano diplomático, Madrid ya actuó: la ministra de Defensa, Margarita Robles, reveló la nacionalidad del soldado, y el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la encargada de Negocios de la Embajada de Israel en Madrid, Dana Erlich, “para protestar por la injustificable retención”, según consta en la información publicada. Un gesto formal que subraya la excepcionalidad del episodio, que el propio reportaje califica como algo que prácticamente no tiene precedentes.

Estamos ante un cruce de responsabilidades y de jurisdicciones: la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos cometidos contra españoles en el extranjero, pero la arquitectura del Derecho internacional y la posibilidad de investigaciones ya abiertas en la ONU o en la CPI obligan a la prudencia procesal. Esa prudencia es la que ha motivado la consulta de Piña; esa prudencia será la que dictamine si España puede, o debe, abrir una vía propia para buscar claridad y responsabilidades.

No es una cuestión menor para la política exterior ni para la seguridad de quienes sirven bajo emblemas internacionales: la decisión que adopten ahora Naciones Unidas y la Fiscalía internacional marcará no sólo el destino de esta querella, sino también la capacidad de España para perseguir, con todas las garantías del Estado de Derecho, los posibles delitos que afecten a sus nacionales fuera de nuestras fronteras.