La jefatura fiscal frena la indulgencia: no más rebajas para Aldama

La decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha marcado hoy un punto de inflexión en la gestión de un caso que sacude la política. Peramato ha transmitido al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no procede solicitar la atenuante muy cualificada para el comisionista Víctor de Aldama pese a la colaboración prestada, según fuentes fiscales y jurídicas citadas por El Mundo.

Luzón, que considera que la confesión de Aldama ha sido "esencial" para conocer la actividad de la organización criminal vinculada al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, ha asumido la orden de su superior aun sin compartirla. En la práctica, el fiscal jefe mantiene la calificación de atenuante simple en sus conclusiones definitivas, pero hará ver en su informe oral que la cooperación merece una reducción mayor.

El choque entre criterio jerárquico y valoración técnica queda descrito con claridad en el propio Estatuto del Ministerio Fiscal: el artículo 25 del EOMF obliga al fiscal a atenerse a las órdenes recibidas en sus dictámenes, pero le permite desenvolverse con libertad en sus intervenciones orales cuando lo considere conveniente al bien de la justicia. Luzón, por tanto, asume la limitación escrita, pero conserva vía libre para argumentar en la vista.

Anticorrupción ha dado credibilidad al testimonio de Aldama, entendiendo que sin su cooperación no se habría conocido la dimensión de la trama, por ejemplo en los amaños de obras públicas. Esa valoración técnica convive, no sin tensiones, con la decisión de la fiscal general de no abrir la puerta a la atenuante muy cualificada.

El proceso procesal ya ha dejado cifras y peticiones concretas: Luzón ha solicitado siete años de prisión para Aldama por un delito de organización criminal y un delito continuado de cohecho. En el escrito de acusación se pidió asimismo, por aprovechamiento de información privilegiada, la imposición de una multa de 3.713.981 euros. Anticorrupción había planteado la aplicación analógica de la atenuante de confesión del artículo 21.4 del Código Penal y anticipó que pediría una rebaja mayor en función de la declaración.

En clave política, el Gobierno ha recibido con malestar dos aspectos: que Aldama haya situado al presidente Pedro Sánchez como líder de la organización criminal y que Luzón permitiera al acusado cargar contra el jefe del Ejecutivo y su esposa, Begoña Gómez, sin cortarle durante el interrogatorio, según relata El Mundo.

Las acusaciones populares, dirigidas por el Partido Popular, han solicitado una rebaja en dos grados para el empresario que la UCO denominó "nexo corruptor". El contraste entre la dureza penal pedida por la fiscalía en escrito y la apertura discursiva que permite el Estatuto del Ministerio Fiscal deja el conflicto jurídico y político nítido: órdenes jerárquicas que contienen pero no borran el testimonio que los investigadores consideran decisivo.

No hay en el expediente, por ahora, fórmula que borre la evidencia de la cooperación eficaz y, al mismo tiempo, autorice su traducción automática a una rebaja máxima de pena. La línea trazada por Peramato obliga a que ese dilema se dirima en la vista oral, donde Luzón podrá esgrimir ante el tribunal lo que juzgue oportuno en defensa del bien de la justicia.