La insurrección de los fundadores: quince firmas que sacuden a Vox

Un golpe de voz desde dentro. Una quincena de destacados exdirigentes de Vox —encabezados por Iván Espinosa de los Monteros y con rúbricas de afiliados de la vieja guardia, como Ignacio Ansaldo— ha lanzado un manifiesto que reclama, ni más ni menos, la convocatoria de un congreso extraordinario para debatir el rumbo del partido.

No es una protesta etérea: firman exdiputados y cargos aún en activo, entre ellos Javier Ortega Smith e Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo. El texto no se limita a quejas domésticas; apunta cuestiones concretas y graves desde la óptica interna: «empobrecimiento» del proyecto, «salida o apartamiento de mandos históricos» sin explicación, «desaparición de la autocrítica», «concentración extrema del poder» y «eliminación de los controles internos». Son palabras que, por su dureza, exigen respuesta y no pueden ser atribuibles a simples malestares pasajeros.

El manifiesto enlaza crítica organizativa con sospechas de opacidad económica. Denuncia la existencia de «un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados» y vinculadas a intercambios económicos que, dicen los firmantes, reclaman transparencia. En concreto alude a sociedades ligadas a asesores próximos al presidente Santiago Abascal, sin añadir juicios más allá de lo denunciado.

También se cuestionan decisiones políticas de enjundia: la salida del grupo europeo ECR —tras una década de pertenencia—, un giro de orientación que los firmantes califican como «estado‑ista y obrerista» y una deriva «republicana y antimonárquica». Reprochan que cambios de tal calado no hayan sido explicados ni debatidos ante la militancia y piden «una explicación política seria» y un contraste abierto.

Reconocen, eso sí, que el partido ha tenido momentos de crecimiento en intención de voto en recientes citas autonómicas, pero sostienen que ese avance «no basta» porque Vox no ha logrado disputar la hegemonía en su espacio político, que sigue en manos de otra fuerza. En su diagnóstico, la fuerza política no proviene de la jerarquía sino de la militancia, y todos los afiliados —desde los fundacionales hasta los últimos en incorporarse— tienen «la misma dignidad política» para ser escuchados y decidir.

La demanda es precisa: un congreso extraordinario «con plazos suficientes y reglas claras», no para imponer una candidatura alternativa, sino para «abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto», revisar la arquitectura interna, abordar liderazgo y estrategia de gobierno y preparar al partido para gobernar en autonomías y, a medio plazo, a nivel nacional.

La reacción oficial fue de ruptura clara. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, respondió con irritación a los firmantes, dirigiéndose a Espinosa de los Monteros con un mensaje duro: «Ocúpate de tus negocios. No sé, déjanos en paz». Fúster descalificó a los firmantes y sostuvo que «no ha habido una sola disidencia interna cuando estaban al mando», trazando así una línea de confrontación pública con quienes firman el manifiesto.

El telón de fondo es una disputa por el control interno, por la transparencia y por la explicación política de cambios estratégicos. La petición de congreso extraordinario, abierta a nuevas firmas, plantea una encrucijada: atender la demanda de debate interno y transparencia o rechazarlas, lo que, según los promotores, equivaldría a aceptar que el partido «no quiere, o no puede, corregir su deriva interna». Sea cual sea la respuesta, la crisis ya no es un murmullo: es una demanda pública firmada por quienes contribuyeron a levantar la organización y que, por eso mismo, exige ser tratada con seriedad y sin gestos de desdén.