La inmigración manda: cómo mutaron los pactos entre PP y Vox

Los pactos entre PP y Vox han cambiado de bandera. Lo que en 2022 fue un repertorio de demandas ideológicas —pin parental, el término "violencia intrafamiliar", luchas simbólicas contra la memoria histórica— ha ido cediendo terreno a una prioridad que Vox ha colocado como cuestión central: la inmigración.

Ese desplazamiento no es una entelequia retórica: la inmigración aparece de forma explícita y reiterada en los acuerdos autonómicos. En Extremadura figura en 11 epígrafes del pacto; en Castilla y León aparecía ya en 2022 como cierre del documento con el propósito de promover "una inmigración ordenada"; en la Comunidad Valenciana solo constaba un epígrafe en Seguridad, pero las negociaciones posteriores elevaron las demandas.

Las medidas pactadas y las exigencias posteriores han sido concretas y, en varios casos, ejecutadas o aprobadas en los parlamentos. El PP ha aceptado eliminar subvenciones a "entidades que amparen estas prácticas" y ha respaldado solicitudes para diferenciar estadísticas entre nacionales y migrantes en las Cortes Valencianas. En Extremadura se ha aprobado una auditoría anual de gastos vinculados a la inmigración. Y el 1 de abril se aprobaron en Valencia "medidas urgentes ante la inmigración masiva" que incluyen, entre otros puntos, ubicar centros de menores extranjeros en las afueras urbanas, reforzar la disciplina en esos centros e impulsar un programa de retorno voluntario.

El viraje ha tenido consecuencias prácticas: en Murcia se negoció y ejecutó el cierre de un centro de menores; se paralizó la compra de viviendas para su alojamiento —una decisión que la región acabó rectificando— y se exigió la supresión de asignaturas de Lengua y Cultura árabe, aceptada por Guardiola aunque con limitaciones por competencias educativas del Ministerio.

Otras exigencias han sido parciales o matizadas. En Valencia el PP logró que se retirara del texto la "prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y servicios públicos", si bien se acordó un requisito de empadronamiento de 15 meses en la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión. Algunas peticiones de Vox no han sido ejecutables por límites competenciales, pero sí han marcado la agenda y la presión política.

En contraposición, asuntos que fueron batalla inicial entre ambos —como la inclusión del término "violencia intrafamiliar"— han desaparecido del lenguaje pactado. Ese término apareció en acuerdos de 2022 pero no volvió a constar con la misma redacción; el PP defendió fórmulas alternativas como "No a la violencia contra las mujeres". El pin parental, que provocó el primer choque con el PP, no llegó a aplicarse como tal, aunque en varios acuerdos sigue figurando la exigencia de autorización parental para actividades extracurriculares con plazos concretos en algunos casos.

La alianza ha avanzado también en memoria histórica y protección de símbolos: las llamadas leyes de Concordia pactadas en 2023 están recurridas en el Tribunal Constitucional, mientras que en distintos acuerdos autonómicos se compromete la preservación de patrimonio que Vox considera perseguido por leyes de la izquierda y la declaración como Bien de Interés Cultural de elementos franquistas. En Valencia ya se aprobó una iniciativa en ese sentido.

Finalmente, la agenda anticocupación ha pasado de medidas de asesoramiento y protección de la propiedad a reformas más duras, incluyendo cambios en el padrón municipal, entre otras medidas recogidas en los pactos y proposiciones aprobadas en los parlamentos donde Vox ha logrado influencia.

El resultado es una geografía política en la que Vox ha reordenado sus prioridades y el PP, en la negociación y en las mayorías parlamentarias, ha aceptado muchas de ellas, traduciendo demandas ideológicas en reformas normativas y medidas ejecutables en las comunidades autónomas.