La incomparecencia que retrasa la cita con la verdad

Se presentó en Plaza de Castilla con la determinación de quien acude a reclamar limpieza en la arena pública. Íñigo Errejón, fuera de los focos durante más de un año, volvió a los juzgados: no para defender una vez más su honra frente a una acusación de agresión sexual —que ya sigue su tráfago judicial en la Audiencia Provincial— sino para ejercer la acción penal contra la autora de las acusaciones públicas que denuncia como calumnias.

No hubo, sin embargo, el ritual de las palabras ante el juez. La comparecencia tuvo que suspenderse por la incomparecencia de Elisa Mouliaá y de su abogado. La defensa de la actriz había solicitado la suspensión por una baja médica; el trámite fue rechazado por el juez y, finalmente, la ausencia se justificó por la intervención quirúrgica del letrado, comunicada por escrito al juzgado un día antes. La diligencia se ha trasladado al viernes 24 de abril.

Esos hechos procesales son inapelables: citación frustrada, notificación de causa médica, y nueva fecha en el calendario judicial. Pero junto a la mecánica de la sala, discurre una afirmación pública dirigida a la opinión: “Hoy vengo a poner un límite a las difamaciones y calumnias”, dijo Errejón ante los micrófonos. Y añadió su confianza en que “la verdad tiene que abrirse camino primero en las instituciones de justicia”.

No son meras palabras sueltas. La querella admitida en diciembre por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid se apoya en publicaciones en redes sociales y en mensajes que, según la parte querellante, acusan falsamente al exdiputado de extorsionar a testigos. Errejón sostiene que esas manifestaciones son “expresiones calumniosas” y que él nunca manipuló las versiones de quienes testificaron a su favor.

El caso procesal está tejido por elementos concretos: testimonios que, según la acusación, contradijeron la versión de la denunciante; pruebas documentales que, en opinión del querellante, desmienten esa versión; y la posición reiterada de la Fiscalía, que en dos ocasiones se pronunció por el archivo y la absolución del investigado en la causa por agresión sexual. Además, dos testigos que vivían en Australia declararon por videoconferencia y negaron haber apreciado indicios de agresión la noche en cuestión.

La querella recoge asimismo publicaciones de la denunciada en las que afirma que Errejón había “extorsionado” a testigos; mensajes que la defensa del exdiputado hizo levantar ante notario por si la autora borraba sus publicaciones. En X, el 21 de junio de 2025, Mouliaá escribió que “se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos”, según consta en el expediente. Y en intercambios privados citados por la querella aparecen respuestas de quienes vivieron los hechos y manifestaron apoyo y discrepancia con la versión denunciada, como un mensaje fechado el 25 de octubre de 2024.

El tablero procesal no admite atajos: el juez abrió investigación y citó inicialmente a ambos para escuchar sus versiones —una citación que ya había previsto el 17 de febrero— y ahora ha fijado nuevo día para que la comparecencia se celebre. Lo que permanece, más allá de los aplazamientos y de la retórica, es el mecanismo de la justicia que debe dirimir si hubo delito de calumnias o si, por el contrario, las afirmaciones públicas se corresponden con la libertad de expresión.

En una democracia sana, las acusaciones graves deben encontrar respuesta en la sala de instrucción y en la prueba, no solo en los titulares. Que la fecha se retrase no borra la necesidad de que los hechos se examinen con rigor y que la verdad —la que resista la prueba judicial— prevalezca ante la tormenta informativa.