La hoguera del rencor: cuando el secesionismo se pega un tiro en el Congreso

La escena en el Congreso esta semana no fue un choque más: fue la constatación de que la convivencia entre las dos fuerzas independentistas catalanas ha entrado en fase de descomposición pública. Lo que antaño se cubrió con formas —ese matrimonio de conveniencia del procés— se ha convertido en un intercambio de dardos que ya no se contentan con la retórica parlamentaria, sino que buscan la exposición y el señalamiento fuera de los escaños.

El detonante inmediato fue el voto de Junts en contra del decreto ley sobre la prórroga de los alquileres. Ese no fue un gesto técnico; fue un voto que tumbó una medida del Gobierno, alineando explícitamente a los neoconvergentes con PP, Vox y UPN. La política deja de ser sólo discrepancia cuando la decisión se traduce en acción tangible: ahí se mide la ruptura.

Las palabras de Gabriel Rufián desde el atril —la metáfora del billete de 50 euros, la enumeración de los siete diputados de Junts y la entrega de un documento con comentarios de redes sociales— actuaron como un ácido que abrasó sensibilidades. Rufián buscó exponer nombres y responsabilizar políticamente; Junts respondió como quien ve traspasado un límite: denuncias, tuits borrados, y la comunicación a los Mossos d'Esquadra para que investiguen una campaña de desinformación y se señalara a sus diputados.

El choque no queda reducido al intercambio de reproches: tras la intervención parlamentaria vinieron episodios en la calle. La diputada Marta Madrenas denunció haber sido increpada y casi agredida en las inmediaciones del Congreso, un episodio que, en opinión de su formación, marca un antes y un después. Cuando la política desemboca en hostilidad en la vía pública, la factura democrática es alta.

No es sólo la forma; es también la lengua y la intención. Puigdemont ha vinculado las prácticas discursivas de Rufián a un estilo que, en su lectura, «ensucia» la memoria de viejas siglas y agrede símbolos culturales, también por el uso del castellano en intervenciones cuando la presidenta de la Cámara recurre al catalán. Los reproches por la lengua son, en este contexto, otro termómetro de la desafección.

En el seno de ERC se percibe asimismo fricción. Hay quien valora la iniciativa de Rufián y quien cree que la estrategia de humillar a Junts es contraproducente. El propio portavoz republicano ha afirmado que condena las agresiones personales, pero no ha dudado en volver a señalar a Junts por su voto en materia de vivienda: "La tensión la tiene quien no puede pagar un alquiler", dijo, anclando el conflicto en una disputa política sobre prioridades y relato.

El resultado inmediato es un panorama de vetos y desconfianzas: Junts no sólo rechazó la prórroga de los alquileres, sino que también votó en contra del consorcio de inversiones pactado por ERC con el Gobierno. Las divergencias programáticas devienen, así, en ruptura de apoyos y en un escenario donde la estrategia de uno puede ser la condena del otro.

Este episodio ilumina una verdad cruda: las alianzas tácticas del procés ya no sostienen la tranquilidad de antaño. Cuando los reproches se hacen públicos, cuando se recurre al señalamiento y a la policía autonómica para dirimir campañas de redes, la política catalana entra en una fase de corrosión que no beneficia a nadie. La cuestión ya no es sólo quién lleva la voz cantante, sino cómo se conduce esa voz: si con artillería fina del debate o con la dinamita del desprestigio.

Queda, por tanto, una necesidad inmediata de mesura y de retorno a cauces que permitan la discrepancia política sin convertir a los adversarios en blancos públicos. Si no, lo que ahora es hoguera de palabras puede terminar consumiendo la mínima confianza que todavía existía entre dos fuerzas que comparten, pese a todo, una misma pretensión de nación.