La hipocresía exhibida en el Congreso: cuando la diplomacia se pliega a la conveniencia electoral

El jueves, el debate sobre Israel y Palestina volvió a ocupar el centro del Congreso. Lo hizo con la comparecencia urgente solicitada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para informar sobre los sucesos en torno a la Global Sumud Flotilla y sobre el ciudadano español detenido y aún retenido por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Pero la comparecencia no cayó en saco roto: el Grupo Popular la leyó como lo que, según sus palabras, es. Carlos Floriano, portavoz del PP, acusó al Gobierno de no actuar por principios, sino por conveniencia política; de transformar la política exterior en instrumento de agitación ideológica y cálculo electoral. Y lanzó la pregunta que obliga: ¿por qué traer este caso al Congreso con una sesión extraordinaria y no haberlo hecho con otros muchos españoles en situaciones tan comprometidas?

Los populares no se limitan a la retórica: recordaron nombres y casos concretos que, a su juicio, no han merecido la misma urgencia parlamentaria. Mencionaron a Javier Marañón y Gabriel Rodríguez, detenidos en Guinea Ecuatorial; a Rocío San Miguel y Miguel Moreno, detenidos en Venezuela; y a Ángela Agudo, que entró en coma en Tailandia y cuya repatriación exigió un coste para su familia. Según el PP, en ninguno de esos episodios hubo convocatoria de sesiones extraordinarias ni comparecencias monográficas en el Congreso.

Floriano trazó un paralelo inquietante: la convocatoria aparece en el calendario político cuando conviene agitar la bandera de Palestina en vísperas de una contienda electoral —la cita andaluza del 17 de mayo— y, según él, recuerda el precedente del reconocimiento de Palestina poco antes de las elecciones europeas. No es una acusación menor: implica que la defensa de compatriotas en el exterior puede estar sometida a la táctica de lo inmediato, a la pulsión de sumar votos.

Si la política exterior deja de ser política de Estado para convertirse en arma de campaña, el daño no es sólo simbólico; es real para los ciudadanos que esperan protección sin sesgos ni plazos electorales. El PP reclama que no se confunda la defensa de los españoles fuera de nuestras fronteras con el uso partidista, interesado y oportunista de esa defensa. Es una exigencia que reclama transparencia: criterios claros, actuaciones coherentes y la misma sensibilidad para todos los casos de compatriotas en riesgo.

El Congreso ha servido esta vez para desnudar una tensión: la legítima necesidad de informar y proteger versus la tentación de capitalizar políticamente el dolor y la urgencia. Que la política no se convierta en un termómetro de encuestas a costa de los derechos y la seguridad de los españoles debe ser la primera exigencia de toda democracia responsable.