La grabación que Bárcenas quiso borrar: audios, pagos y espionaje en el corazón del poder

Actualizado el 20 de abril de 2026, la Audiencia Nacional fue escenario de un testimonio que vuelve a conmover el paisaje político español: Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, compareció como testigo en la pieza Kitchen y describió, con detalle y contundencia, maniobras destinadas a ocultar información comprometida.

Bárcenas relató que, mientras cumplía condena en Soto del Real, encargó y remuneró a un interno con supuestos conocimientos informáticos el acceso a material que tenía en la nube. Su instrucción fue nítida: localizar y, cuando él ordenase, destruir «todos los audios de M.R.», las siglas que el propio ex tesorero identifica como Mariano Rajoy, según una nota intervenida que el fiscal le mostró y que él reconoció como su letra.

El ex tesorero explicó que disponía de tres grabaciones: una propia sobre el procedimiento y la contabilidad extracontable del partido, una breve con Rajoy y otra más extensa con Javier Arenas. Esos registros estuvieron en un pendrive que dejó en el estudio de su mujer y, además, en la nube. Tras su salida de prisión, comprobó que el pendrive había desaparecido y que «en la nube no había nada», circunstancia que atribuye a la actuación del interno al que encargó la tarea, detenido cuando salía en permiso de salida.

El relato de Bárcenas no se limita al intento de destrucción de pruebas. Señaló a Sergio Ríos, su entonces chófer y «chico para todo», como pieza central del dispositivo que permitió el acceso a sus teléfonos y documentos. Ríos, captado por mandos policiales que figuran entre los acusados, terminó cobrando un sueldo mensual y entrando en la policía; fue quien, según el testigo, preparó un sobre similar a una caja Faraday para ocultar los teléfonos y quien vació el despacho de Bárcenas en Génova, trasladando cajas y material al estudio de restauración de su mujer sin autorización judicial.

Bárcenas describió que se recogieron «20 o 25 cajas» y material personal, y que los acusados copiaron el contenido de sus teléfonos, hechos que le resultaron difíciles de creer hasta que EL MUNDO le mostró las pruebas. La familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular —incluyendo al ex tesorero, su esposa y su hijo— solicita condenas para diez acusados y añade dos más a la lista de Anticorrupción; para el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez piden 41 años de prisión, según consta en el sumario.

Es este mosaico de grabaciones, permisos, cobros y vaciados de despachos lo que se somete ahora a contraste judicial en la pieza Kitchen: acusaciones, reconocimientos de notas y pistas documentales que apuntan a operaciones internas que buscaron quedarse con material sensible. El testimonio de Bárcenas arroja luz sobre quién tuvo acceso a su documentación, qué instrucciones se dieron para su destrucción y cómo se diluyó el rastro de una evidencia que él mismo atribuye a una grabación de Mariano Rajoy.

No inventamos conclusiones; relatamos hechos declarados en sede judicial. Lo esencial ahora es que los hechos se investiguen, se acrediten o se repudien en tribunales, y que la verdad, si existe y se prueba, recupere su sitio en el relato público. España merece conocer con claridad cómo y por qué se manipularon pruebas que, según el testimonio, afectaban al corazón de la vida pública.