La fiscalía se protege a sí misma mientras abre expediente selectivo

La decisión de Teresa Peramato revela una tensión elemental entre forma y fondo: el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por revelar secretos, imponiéndole dos años de inhabilitación y una carga económica; sin embargo, la jefatura actual del ministerio público opta por no aplicar ninguna vía disciplinaria sobre quien fuera su predecesor inmediato.

Peramato arguye que, como cabeza del ministerio fiscal, García Ortiz se encontraba formalmente fuera de la carrera fiscal y por ello no le sería aplicable el régimen disciplinario. Sobre esa base, se acuerda su reincorporación como fiscal, en la Fiscalía de lo Social del Supremo, conforme a una doctrina que evita equiparar automáticamente la expulsión disciplinaria de fiscales con la de jueces. Es una solución técnica que resuelve un escollo administrativo, pero que abre, al mismo tiempo, interrogantes éticos y políticos acerca de la proporcionalidad de las consecuencias internas frente a una condena penal.

Frente a esa renuncia a la vía disciplinaria, la fiscal general sí ha decidido abrir un expediente gubernativo contra Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, para investigar si debió abstenerse cuando el caso se tramitó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Rodríguez llegó a ser imputada en aquel órgano y mantuvo esa condición cuando la causa pasó al Supremo, hasta que la Sala de Apelación la exoneró por entender que cumplió órdenes de su superior. La apertura del expediente demuestra, al menos, la voluntad de revisar conductas directivas en el seno de la organización fiscal.

Queda en pie la resolución del Supremo sobre las costas, cifradas por el alto tribunal en 79.942,70 euros, una cuantía que la defensa y el ministerio público consideran desproporcionada y que estiman debería fijarse en 4.240 euros; ese capítulo aún está en el aire. Cuando se cierren esos flecos, las fuentes consultadas por El País prevén que García Ortiz solicitará amparo ante el Tribunal Constitucional. La Fiscalía, por su parte, anunció que también acudiría al Tribunal de Garantías para intentar anular la condena.

Los hechos son tozudos: hay una sentencia firme, hay reproches económicos, hay decisiones administrativas que se articulan sobre fórmulas jurídicas y doctrinas consolidadas. La disputa hoy no es solo sobre culpabilidad o inocencia, sino sobre el modo en que las instituciones disciplinan y preservan su propia arquitectura. ¿Es coherente que la sanción penal no encuentre correlato disciplinario y, sin embargo, que la carrera fiscal abra expediente a otra responsable por supuesta falta de abstención? La respuesta exige claridad, no tecnicismos.

El interés público reclama transparencia y criterios uniformes. La Fiscalía ha elegido dar pasos distintos frente a dos implicados en la misma trama: uno reincorporado mediante una interpretación formal, otra investigada mediante expediente. Esa discrepancia debe ser explicada con nitidez a los ciudadanos, porque la legitimidad de cualquier institución se sostiene en la percepción de imparcialidad y en la sensación de que nadie está por encima de las normas que rigen a todos.