La Fiscalía cuenta solo una de cada cuatro sentencias por violación: ¿informar o esconder?

La cifra no es un matiz técnico: es un diagnóstico. La Fiscalía General del Estado consignó en su recuento anual 145 sentencias por violación y abusos sexuales con acceso carnal en 2023. Tres académicos, rastreando la base de datos del Cendoj, encontraron que ese mismo año se dictaron más de 575 sentencias. Una diferencia que no es estadística sino colosal: la Memoria oficial estaría recogiendo apenas una de cada cuatro resoluciones.

No se trata de polémica retórica sino de evidencia documentada. El estudio publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica, firmado por Daniel Varona, Steven Kemp y Jose M. Lopez Riba, concluye con claridad meridiana: “Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves”. Si la Fiscalía no sabe cuántas sentencias se dictan, ¿cómo pretende evaluar el alcance de la persecución penal de estas agresiones?

Las explicaciones oficiales, recogidas por el propio diario que ha publicado la investigación, atribuyen las discrepancias a “cierta complejidad técnica”, al traspaso de competencias en 12 comunidades y a diferencias en criterios de catalogación entre territorios. El estudio, en cambio, apunta a fallos de diligencia: órganos territoriales que no remiten correctamente sus datos al central. Incluso en provincias concretas las diferencias son demoledoras: la cifra que la Fiscalía atribuye a toda España aparece ya superada por datos parciales de una sola provincia.

El problema es doble y grave. Por un lado, las dos fuentes institucionales directas —la Memoria de la Fiscalía y el Registro Central de Delincuentes Sexuales— muestran problemas de fiabilidad distintos. Por otro, la fuente indirecta más completa, el Cendoj, aunque más fiable en principio, también podría estar perdiendo hasta un 30% de sentencias fuera de su repositorio. En suma: ni la Fiscalía ni el RCDS ni siquiera el Cendoj ofrecen hoy un mapa nítido de la respuesta penal ante las violaciones.

La consecuencia práctica es demoledora: no se puede combatir lo que no se mide. El abandono del proceso por parte de las víctimas —los cálculos más fiables sitúan alrededor del 80% las denuncias que no llegan a juicio— exige datos sólidos de sentencias y condenas para diseñar políticas judiciales y administrativas eficaces. Como subraya Varona, lo primero que necesitamos son esos datos; si ni siquiera se pueden obtener con fiabilidad las sentencias, ¿qué margen de conocimiento queda sobre las agresiones que ni se denuncian?

La evidencia que arroja el estudio obliga a una respuesta clara y urgente: quien gestiona la estadística pública debe rendir cuentas, explicar las reglas de conteo y corregir los fallos de remisión y clasificación. Las instituciones responsables deben garantizar que las cifras reflejen la realidad procesal y no queden a merced de vacíos administrativos. Porque con cifras incompletas, la lucha contra la violencia sexual se convierte en un gesto sin sustancia y las víctimas en cifras perdidas en un laberinto de incompetencias.