La encrucijada judicial que fija el pulso entre Washington y Caracas

La sala del juez Alvin K. Hellerstein se prepara para decidir, en apariencia, sobre un tecnicismo procedimental. En realidad, lo que está sobre la mesa es la concreción de un derecho fundamental: ¿puede el poder ejecutivo estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), condicionar el acceso de un acusado a fondos estatales y, con ello, su capacidad para contratar la defensa que estime pertinente?

Ese es el argumento central de la defensa presentada por Barrick Pollack el 26 de febrero: la licencia inicialmente concedida por la OFAC autorizaba la recepción de fondos desde Caracas para pagar honorarios; una modificación posterior —según el documento— prohibe ahora esa recepción. Pollack, abogado conocido por litigios de alta exposición, plantea sin circunloquios que, en tales condiciones, Nicolás Maduro carece de recursos propios para sufragar la asistencia legal que desea y que, por tanto, se ve privado de un derecho constitucional.

Frente a esa alegación, la Fiscalía ha presentado su oposición y niega que exista una vulneración del derecho a la defensa. El contraste no es baladí: de la interpretación de esa pugna dependerá si el proceso continúa en su ruta ordinaria o si se abren atajos procesales que condicionen el propio desarrollo del caso.

No deben olvidarse los hechos procesales que rodean este episodio. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables el 5 de enero en la primera comparecencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos afrontan cargos graves —conspiración narcoterrorista, delitos relacionados con la importación de cocaína, y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos— y permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su captura en una operación llevada a cabo por Estados Unidos en Caracas.

El calendario es preciso: la segunda audiencia preliminar está citada para el jueves 26 de marzo, y ese día el juez deberá valorar las mociones de la defensa y la respuesta fiscal. El resultado marcará el ritmo procesal: si la moción fuera acogida, se abriría una senda extraordinaria; si fuera rechazada, el caso entrará en la fase de descubrimiento, en la que la Fiscalía debe facilitar las pruebas y que, por su naturaleza, será extensa y prolongada.

Quien ha descrito con claridad el mapa procesal es Anna Cominsky, directora de la Clínica de Defensa Penal de la Facultad de Derecho de Nueva York: hablamos de una fase preliminar, de descubrimiento y de mociones previas al juicio, antes siquiera de fijar fecha para un eventual juicio. También recordó algo elemental y práctico: si los abogados privados decidieran retirarse, los acusados tendrían acceso a defensores públicos.

No es menor la cuestión institucional y ética que late bajo los tecnicismos: la maquinaria jurídica estadounidense se enfrenta a una disyuntiva donde convergen sanciones internacionales, decisiones administrativas del Tesoro y garantías procesales consagradas. El juez Hellerstein, con los argumentos sobre la mesa, deberá aplicar la ley sin ceder al ruido político que inevitablemente acompaña a este caso.

Los ciudadanos —y las naciones que observan— aguardarán la resolución con atención. Porque, más allá del destino individual de los acusados, la decisión pondrá en evidencia hasta qué punto las herramientas de la política exterior y las sanciones pueden trastocar la mecánica de la justicia penal cuando ésta se ve llamada a dirimir asuntos de máxima carga política.