La encrucijada: impuestos o control, la Cámara dibuja la respuesta económica a la guerra

El Gobierno ha querido tomar nota. Félix Bolaños ha llamado a los grupos parlamentarios para recabar propuestas ante el impacto de la guerra en Oriente Próximo; solo Vox ha rechazado la llamada. El Ejecutivo, por su parte, asegura que no ha puesto medidas encima de la mesa y que analizará las iniciativas recibidas para confeccionar su propio plan, previsiblemente semejante al activado frente a la guerra en Ucrania.

No es menor el escenario que se abre: en el Congreso empiezan a dibujarse dos bandos precisos y contrapuestos. En uno, PP, Junts y PNV —con propuestas coincidentes hasta el punto de ensamblarse entre sí— abogan por bajar impuestos y por bonificaciones destinadas a empresas y consumidores. En el otro, Sumar, Podemos y sus aliados ponen el acento en la intervención del Estado para controlar suministros, precios y proteger a los más vulnerables.

Los populares han ampliado su plan inicial para incorporar demandas del PNV. Entre las medidas difundidas figuran la supresión del impuesto de generación eléctrica —que, sostienen, implicaría un descuento de entre el 3 y el 4% en la factura eléctrica—, la reducción del IVA energético y bonificaciones para consumidores de gasóleo agrario y pesquero. Junts plantea igualmente retirar ese impuesto y rebajar el IVA hasta el 5%, mientras el PP propone situarlo en el 10%.

El PNV, con una proposición no de ley ya presentada, centra su atención en la resiliencia de la industria siderúrgica y de gran consumo eléctrico, y coincide milimétricamente con la propuesta de las grandes bonificaciones en peajes para empresas electrointensivas y la adaptación de su estatuto como consumidores para fomentar la competitividad.

Frente a ese bloque, Sumar y sus socios reivindican medidas de intervención ya ensayadas con anterioridad: congelación de alquileres, moratoria de desahucios, prohibición de despidos en empresas que reciban ayudas públicas e impulso decidido de las renovables. Podemos va más lejos, reclamando topar precios de alimentación, medicamentos y luz, y gratuidad del transporte público.

La convergencia entre PP, Junts y PNV configura una mayoría alternativa que, de sumar a Vox, aglutinaría la voluntad de la Cámara en una dirección claramente liberal en materia fiscal y de apoyo a sectores electrointensivos. La izquierda, en cambio, exige instrumentos de control y protección social que privilegian la intervención pública sobre la desgravación fiscal.

Esa dicotomía condiciona ya la salud del futuro plan: las medidas que el Ejecutivo termine proponiendo deberán incorporarse en un decreto y someterse a ratificación parlamentaria. La fragmentación y la pugna programática anuncian una confrontación que puede diluir o reforzar el alcance de las ayudas, según quién logre imponer su criterio en la tramitación.

No hay atajos: la respuesta económica a la guerra será el producto de alianzas y urgencias políticas. El Gobierno recoge propuestas, las fuerzas las presentan, y el Congreso decide. De esa decisión dependerá si priman las bonificaciones y alivios fiscales, o la tutela y regulaciones que reclama la izquierda. Es la hora de la política, y la Cámara no puede eludir la responsabilidad de elegir qué camino seguir.