La empatía como vacuna frente a la política de la crueldad

Hay una serie que no es un consuelo fácil ni un escaparate de sentimentalismo: se titula Empatía y retrata la vida de una psiquiatra, su equipo y sus pacientes en un pabellón donde conviven heridas, ternuras y barbaridades.

Lo notable —y pertinente para la política española— es que la ficción borra certezas: no hay una gran línea divisoria entre internos y cuidadores. Todos, profesionales y pacientes, cargan fracturas, fantasmas y vulnerabilidades. Ese retrato, contado con humor y respeto, resulta casi una lección cívica en tiempos en que las pantallas nos devuelven salvajadas e injusticias a la medida de la actualidad.

Conviene decirlo sin rodeos: vivimos un tiempo feroz. La crueldad ha devenido herramienta de Estado en algunos escenarios internacionales, y las grandes tecnológicas amplifican ese paisaje. En España, esa ferocidad encuentra cauces políticos: la apelación a la “prioridad de los españoles” en los servicios públicos, defendida por Vox y por el PP, no es una respuesta técnica sino una pulsión emocional que apunta a dividir.

No confundamos las causas con los efectos. Es verdad que todos vamos apretados en el transporte, que faltan viviendas y que en muchas ocasiones esperar por una cita con un especialista se vuelve intolerable. Pero si nos dicen que el problema son los extranjeros, están cambiando el foco y el diagnóstico. El problema identificado por la realidad es otro: servicios públicos mermados y responsables que deben rendir cuentas.

Cuando la política utiliza las vísceras en lugar del análisis, cuando convierte la emoción en eslogan, la colectividad se resquebraja. Filósofos y observadores señalan que el individualismo y el consumo han diluido la socialización de las causas; la desigualdad crece y la distancia entre ricos y resto se acentúa. Ese paisaje es el terreno fértil para que estalle la bomba de la “prioridad nacional” y arrase con valores esenciales.

La exigencia elemental es política y administrativa: reclamar acciones concretas a quienes gestionan los servicios públicos. No se trata de palabras huecas: es insistencia en medidas, en presupuestos y en gestión eficaz que devuelvan funcionalidad a la sanidad, la vivienda y los recursos sociales. Y junto a esa exigencia institucional, una llamada moral y práctica: ejercitemos la empatía. Porque la misma línea que a veces nos separa también estalla —y en la ruptura perdemos todos.

Empatía no es compasión blandengue; es reconocer la fragilidad compartida y actuar en consecuencia. Esa enseñanza, que viene de una serie singular y extraña en este tiempo feroz, debería marcar la agenda pública: más políticas que dividan, más políticas que reparen. Y menos demagogia que busca chivos expiatorios. Exijamos a los responsables soluciones reales. Exijamos, también, humanidad.