La educación de 0-3 años no puede esperar: las educadoras alzan la voz contra la precariedad

Hay fotos que desnudan la impostura. Raquel Navas, educadora con un grado superior y nueve años de experiencia, cobra 1.100 euros por 38 horas semanales y confiesa sin dramatismo: "Soy la ayudita" en su casa. Ese relato íntimo y cotidiano no es una anécdota, es la radiografía de las 60.000 educadoras de España: profesionalidad sin reconocimiento, vocación bajo condiciones que rozan la precariedad.

Hoy han parado en 11.000 centros públicos y privados: una multitud que ha salido a la calle para decir, con pancartas y consignas, que el primer ciclo de la Educación Infantil debe dejar de ser la pieza ignorada del sistema. Han pedido lo elemental: que se reconozca la etapa 0-3 como etapa educativa, que se equiparen condiciones laborales con el ciclo de 3-6 años y, sobre todo, que se reduzcan unas ratios que impiden la atención adecuada a los niños.

Los testimonios son crudos: ocho bebés por aula donde recomiendan cuatro; 13 niños de 1-2 años cuando lo aconsejable son seis; 20 alumnos de 2-3 años frente a una referencia idónea de ocho. Con esas cifras, la atención se diluye, las necesidades especiales quedan mal atendidas y la profesionalidad se transforma en desgaste. Las educadoras piden pareja educativa por aula y recursos para quienes lo necesitan. No es una reivindicación ideológica: es sentido común pedagógico.

La movilización ha sido convocada por CCOO, que organizó 55 actos en 23 ciudades y asegura un seguimiento medio por encima del 75%. CGT se ha sumado con concentraciones en varias comunidades. Los datos autonómicos, sin embargo, muestran disparidad: algunas consejerías calculan seguimientos muy bajos —por ejemplo, 9,01% en Cataluña, 0,09% en la Comunidad Valenciana y 18,78% en Castilla y León— mientras que las trabajadoras y los sindicatos hablan de un paro masivo y cierres de centros.

Y en medio de esto, la pelota política rueda de un tejado a otro. Las competencias son autonómicas y municipales, pero el Ministerio de Educación reconoce que también tiene margen: el Ejecutivo pudo fijar ratios máximas en el proyecto de ley remitido al Congreso y no lo hizo. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha remitido una carta a la consejera madrileña Mercedes Zarzalejo recordándole que las comunidades pueden regular las ratios cuando quieran. La respuesta institucional, en suma, ha sido de trasvase de responsabilidades: el Gobierno central abre la puerta, las comunidades exhiben cifras dispares, y las trabajadoras permanecen en la calle.

No se trata solo de salarios —aunque el contraste es escandaloso: mientras una maestra del ciclo de 3-6 años puede percibir alrededor de 1.800 euros, las educadoras de 0-3 cobran cifras próximas al salario mínimo—; se trata de coherencia educativa y de prioridad pública. Padres que han apoyado el paro, centros que han cerrado, profesionales que han reducido la plantilla presente: todo ello indica que la reivindicación cala en la sociedad.

La llamada es clara y urgente: reconocer la etapa, dignificar el trabajo y garantizar condiciones que permitan cuidar y educar como exige una sociedad que pretende ser responsable con su infancia. Gobiernos y administraciones no pueden seguir escudándose en competencias y porcentajes. Cuando la base se resquebraja, el edificio educativo corre peligro. Y esa advertencia no admite evasivas.