La defensa reclama tiempo: ¿justicia o prisa procesal?

Se levanta la voz de la defensa y, con ella, una exigencia elemental: tiempo. El letrado de José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo un aplazamiento de un mes para la vista oral por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. No es una súplica retórica: arguye la "complejidad" del procedimiento y la "imposibilidad material" de preparar la defensa en el plazo disponible.

La fecha fijada por el Alto Tribunal para el inicio de las sesiones es el 7 de abril. En el banquillo se sentarán Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El abogado recuerda que asumió la defensa recientemente —Marino Turiel tomó el caso en enero— y sostiene que "el tiempo transcurrido desde la designación ha sido absolutamente infructuoso para tomar conocimiento de la causa".

Lo llamativo no es solo la petición del aplazamiento, sino los obstáculos concretos invocados: dificultades de acceso a la documentación. El letrado denuncia que su ordenador "se queda pensando de forma indefinida en un bucle continuado" al consultar las actuaciones, una circunstancia que, según afirma, ya ha sido planteada por otras defensas y que ha impedido "el acceso efectivo a la causa" y un conocimiento íntegro del procedimiento.

Si las palabras tienen peso, aquí pesan las garantías: la defensa reclama un mes para que pueda ejercerse "adecuadamente" el derecho a la defensa. Además, critica que el Supremo haya "obviado incomprensiblemente" los señalamientos anteriores en la agenda de la parte, fijados antes de que asumiera la defensa, y reclama que ese contexto sea tenido en cuenta.

No es una petición menor en un proceso de gran calado penal. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que ascienden a 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama, que ha reconocido la acusación. Las acusaciones populares, con el PP al frente, elevan la exigencia hasta 30 años para Ábalos y García y reclaman para el empresario la misma pena pedida por el fiscal.

Queda así planteado el dilema: ritmo procesal frente a derecho de defensa; seguridad jurídica frente a agilidad en la administración de la justicia. Pedir más tiempo por la complejidad del caso y por problemas técnicos de acceso a la causa no es una cuestión de trámite: es, según la propia defensa, la diferencia entre una preparación solvente o una defensa forzada por el calendario.

El Tribunal Supremo tiene ahora en sus manos una decisión que trasciende plazos: confirmar la fecha, con las consecuencias procesales que ello conlleva, o aceptar el aplazamiento solicitado y garantizar que las partes puedan conocer y estudiar la causa en condiciones. Cualquier resolución deberá medirse por su capacidad para preservar las garantías que demanda el Estado de derecho.