La CV‑95: paso firme para vertebrar la Vega Baja

La Vega Baja ha dado un paso tangible hacia la modernización de un eje vital. La Generalitat Valenciana ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y los estudios necesarios para la futura concesión de las obras de ampliación de la CV‑95 entre Orihuela y Torrevieja. No son palabras vacías: el contrato se cuantifica en 1.317.969,27 euros y comprende el estudio de viabilidad y la estructura contractual de la concesión, según ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller Vicente Martínez Mus.

No hablamos de promesas etéreas, sino de decisiones técnicas que deben dirimir alternativas concretas: se analizarán opciones como el desdoblamiento de la vía y la creación de variantes para descongestionar los núcleos urbanos. El ámbito de actuación abarca 26,5 kilómetros —un tramo que conecta el interior de la comarca con el litoral y que hoy soporta una elevada intensidad de tráfico, con especial presión en verano— y afecta a municipios como Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas.

Que la inversión prevista ronde los 180 millones de euros y que la ejecución se plantee mediante una concesión por pago por disponibilidad son datos relevantes. Martínez Mus ha enfatizado que ese modelo no supondrá coste para los usuarios. Corresponde ahora a los estudios previos definir con rigor el modelo de colaboración público‑privada y evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto.

El trazado actual, con un único carril por sentido en varios tramos y limitaciones por su integración en zonas urbanas, exige respuestas eficaces. Esta licitación marca el inicio formal de un camino imprescindible: primero la planificación, luego la decisión sobre la ejecución. La Generalitat afirma que con este paso cumple el compromiso adquirido con los alcaldes de la zona; la sociedad exige que ese cumplimiento se traduzca en seguridad, capacidad y en una infraestructura que vertebre la Vega Baja sin sorpresas ni costes ocultos.

El desafío es doble: garantizar que los estudios sean exigentes y que la estructura contractual preserve el interés público. Si así se hace, la ampliación de la CV‑95 podrá dejar de ser una aspiración para convertirse en una obra que sirva a la movilidad, a la seguridad vial y a la cohesión territorial que la comarca necesita.