La Corte frena a Trump: el ariete arancelario se ha topado con un muro

La Corte Suprema ha asestado un golpe claro y concreto a una de las piezas más visibles de la política comercial del presidente Trump: la mayoría de seis jueces ha fallado que imponer aranceles corresponde al Congreso, no al Ejecutivo, y que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 no otorgaba los poderes amplios que el presidente invocó.

Trump, que llevaba meses advirtiendo que un fallo en contra sería un "desastre económico y de seguridad nacional", reaccionó airadamente. En una rueda de prensa improvisada atacó a los magistrados que le negaron la razón, se declaró "avergonzado" de tres conservadores y calificó a los tres liberales como una "desgracia". Prometió, además, volver a imponer aranceles mediante otras vías legales y anunció un nuevo arancel global temporal que dijo firmaría ese mismo día.

La sentencia representa un freno inusual al uso expansivo de la autoridad ejecutiva por parte de este presidente. Hasta ahora, la mayoría de los jueces había mostrado disposición a permitir desarrollos significativos de su agenda en ámbitos como inmigración o reestructuración administrativa; este fallo cierra, por lo menos en este caso, una puerta que hasta ahora se consideraba abierta.

Las consecuencias son prácticas y simbólicas. En lo práctico, las alternativas que la Casa Blanca puede emplear requieren informes detallados de agencias y tienen límites de alcance y duración; los nuevos aranceles necesitarán más tiempo para imponerse y darán margen de maniobra a los socios comerciales para preparar respuestas. En lo simbólico, la decisión debilita la posición de Estados Unidos al intentar obligar concesiones extranjeras y hace resquebrajar la fachada de invencibilidad del presidente: "la debilidad engendra debilidad", apunta la crónica, y otros países podrían adoptar una línea más dura ante Washington ahora que su autoridad arancelaria está restringida.

Queda también la inquietante posibilidad administrativa: la Corte dejó que un tribunal inferior resolviera si el gobierno tendrá que devolver gran parte de los ingresos recaudados por los aranceles del último año. Brett Kavanaugh, en disidencia, advirtió que el proceso podría ser un "desastre", subrayando la magnitud de la controversia abierta.

El Gobierno no se quedó inmóvil: sus asesores ya habían señalado que existen "muchas opciones" para seguir incluyendo aranceles en la política comercial. Pero esas opciones son más limitadas y lentas. Si el presidente pretende recuperar margen de maniobra radical, la vía es pedir al Congreso autorización explícita —una opción cuya probabilidad de éxito, dado el calendario político y las mayorías ajustadas, aparece limitada según la cobertura.

Al final, lo que hoy parece un triunfo del principio constitucional de separación de poderes puede convertirse en un punto de inflexión en la capacidad internacional de presión de la Casa Blanca. No es solo una cuestión legal: es una corrección de rumbo que obligará al Ejecutivo a moverse con menos improvisación y más retórica legislativa, y que obligará a aliados y rivales a recalibrar su relación con una Casa Blanca que ha visto reducida una de sus herramientas más contundentes.