La confianza en las urnas no se improvisa: MiDNI en la encrucijada

La tecnología llega a la mesa electoral y con ella la pregunta ineludible: ¿estamos dispuestos a votar sin certezas? La Junta Electoral Central ha decidido frenar un paso hasta que la confianza ciudadana esté blindada. No es un capricho, es una obligación: la suspensión del uso de MiDNI en los procesos electorales responde a la necesidad de garantizar que la verificación de identidad mediante sistemas digitales sea "suficientemente segura".

El Ministerio del Interior ha contestado con los instrumentos que le competen: un informe de la Policía Nacional remitido a la JEC que acredita la "plena seguridad" de la aplicación MiDNI para la verificación de la identidad. Hecho contra hecho; documento contra documento. Sobre la mesa, sin embargo, quedan preguntas sobre plazos, responsabilidades y, sobre todo, la percepción pública de fiabilidad que exige cualquier sistema que aspire a custodiar la voluntad popular.

La norma, además, fija obligaciones concretas: a partir del 2 de abril el uso del dispositivo de lectura del código QR es obligatorio según el real decreto regulador del DNI, y las entidades públicas y privadas deberán adoptar las medidas necesarias para que la versión digital funcione dentro de ese plazo. No es una recomendación: es una previsión legal que obliga a actuar.

Y la responsabilidad práctica también está señalada: corresponde a la administración convocante de cada proceso electoral dotar a las mesas del dispositivo necesario para la lectura del QR. Una exigencia tangible que no admite excusas administrativas cuando están en juego la seguridad y la tranquilidad de los votantes.

La paralización acordada por la JEC llegó, entre otras causas, por los escritos presentados por la Junta de Andalucía —comunidad que celebrará elecciones el 17 de mayo—, la Dirección General de Política Interior, el Partido Popular y otros actores. El PP había solicitado explícitamente la suspensión ante dudas sobre la comprobación fidedigna de la autenticidad del documento con un código QR actualizado. La JEC actuó para "asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral".

No son meros detalles administrativos: están en juego la integridad del escrutinio y la legitimidad del acto electoral. En respuesta, Interior ha movido ficha con el aval policial; la JEC ha impuesto cautela con la suspensión; y las administraciones locales están llamadas a asumir la logística del dispositivo QR. Entre informes y acuerdos, la nación reclama claridad, responsabilidad y, por encima de todo, transparencia.

Que la tecnología facilite la vida pública es una meta ineludible. Que esa tecnología entre en la urna sin garantías no lo es. Las reglas del juego deben estar claras, los dispositivos disponibles y la confianza ciudadana preservada. Mientras tanto, la decisión de la JEC recuerda que cualquier avance técnico está subordinado a la certeza de que el ciudadano —no el algoritmo— sigue siendo el soberano definitivo.