La compra que se duplicó en 38 minutos: preguntas que el Estado debe responder

Las cuatro auditoras del Ministerio de Transportes han comparecido ante el Tribunal Supremo y han relatado, con precisión técnica, cómo se formó el informe que encargó el ministro Óscar Puente sobre la compra de material sanitario a la mercantil Soluciones de Gestión.

Las peritas han subrayado desde el inicio que trabajaron con "medios limitados": no tuvieron acceso a correos personales ni a material contenido en teléfonos móviles. Pese a ello, analizaron 6.000 correos corporativos y 1.900 archivos obtenidos por requerimientos. No era, dijeron, una auditoría pública al uso sino "una auditoría interna publicada"; distinción que no exonera de la obligación de explicar lo incomprensible.

En el interrogatorio ante el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, las expertas pusieron el foco en un hecho incontestable extraído de la documentación: en un espacio temporal de 38 minutos el Ministerio duplicó el valor de la adquisición a Soluciones de Gestión de cuatro millones a ocho millones. Ese cambio se produjo justo después de que se enviara un correo al empresario Víctor de Aldama. Las auditoras explicaron que la "estimación técnica" del Ministerio era de cuatro millones y que ellas no cuestionaban la cifra técnica sino la orden de adquisición; "objetivamente, nadie nos ha dicho por qué se produce ese cambio", dijeron.

Las peritas también manifestaron sorpresa por la presencia de Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, en torno a ese contrato. La concatenación de hechos documentados —duplicación en 38 minutos, envío de correo a Aldama, implicación de un asesor vinculado— exige, por lo menos, respuestas claras y trazables por parte de la administración responsable.

Frente a este relato técnico, la contraperito propuesta por la defensa de Ábalos sostuvo que la fiscalización de esos contratos correspondía exclusivamente a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas, y calificó el informe encargado por el ministro Puente de falto de objetividad, detectando "sesgos" y "juicios de valor". Es una objeción institucional que plantea un debate legítimo sobre competencias y metodología, pero no borra los hechos documentados que las auditoras han relatado.

En apoyo documental, la perito caligráfica afirmó de manera categórica que las anotaciones aportadas por Aldama fueron escritas por Koldo García; la perita aseguró plena coincidencia entre la letra de los apuntes y la del exasesor. Aldama, según consta en la causa, entregó listados de licitaciones con anotaciones a mano que, dijo, le facilitaba en mano Koldo para informar sobre obras supuestamente amañadas a cambio de comisiones.

Por su parte, los peritos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil declararon sin ambages que no hallaron indicio alguno de manipulación en los audios incautados a Koldo García: "No hemos encontrado ningún punto de manipulación en las grabaciones", dijeron. En contraposición, los peritos presentados por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, defendieron la posibilidad de que se hubieran introducido archivos en los dispositivos móviles de García por terceros. Confrontación de peritajes, pero hechos y peritajes existen y exigen una deliberación pública y judicial transparente.

No se trata de espectáculo, sino de rendición de cuentas. Cuando documentos, correos y peritajes convergen en coincidencias temporales y en firmas que apuntan a nombres conocidos, el interés general reclama una explicación pública, contundente y verificada. Las auditoras han cumplido su función técnica dentro de las limitaciones que declararon; corresponde ahora que las instancias competentes clarifiquen por qué se tomó la orden de adquisición que duplicó el contrato, quién ordenó ese cambio y cómo se articularon las comunicaciones que lo precedieron.

Una democracia madura no puede contentarse con informes parciales, defensas solapadas por la discusión de competencias ni con contradicciones periciales sin más. Los ciudadanos merecen transparencia administrativa, trazabilidad documental y, si se comprueba responsabilidad, la aplicación de la ley sin privilegios. Lo exigente y lo patriótico es defender la integridad de las instituciones cuando están en cuestión; lo cobarde es disimular la duda detrás de tecnicismos y procedimientos que no responden al fondo del asunto.