La chapuza restaurativa: justicia, subvenciones y semilibertades bajo sospecha

El Gobierno vasco ha depositado en manos del Instituto de Reintegración Social de Euskadi (IRSE-EBI), una organización sin ánimo de lucro con sede en Bilbao, la conducción de los llamados procesos de "justicia restaurativa" entre presos de ETA y sus víctimas. Desde 2023, el Departamento de Justicia ha otorgado a esta entidad cuatro subvenciones nominativas por un total de 235.000 euros bajo el epígrafe "Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia".

No es un dato menor que la misma asociación gestione, además, el Servicio de Atención a la Víctima por el cual el Departamento abona 5,9 millones de euros. Es decir: quien organiza los encuentros participa también en un servicio remunerado de orientación a las víctimas que opera desde los juzgados. Esa doble función, por sí sola, exige transparencia y escrúpulo institucional.

Las reuniones que ahora se celebran han funcionado, en la práctica, como antesala para la concesión del régimen de semilibertad a varios condenados. El caso paradigmático citado por las fuentes es el de Mikel Garikoitz Aspiazu (Txeroki), para quien la Fiscalía avala salidas diurnas por su "compromiso" con los procesos de sanación y reparación emocional que se habrían demostrado en talleres y encuentros organizados por IRSE-EBI.

El 3 de julio, 17 internos de la prisión de Zaballa compartieron una jornada en el caserío Arretxe de Alzo con cinco víctimas de ETA. En esa actividad participaron dos mediadores: el director gerente de IRSE-EBI, Juan Luis Fuentes Nogales, y Julián Carlos Ríos Martín, profesor de Derecho Penal y mediador con experiencia en procesos restaurativos vinculados a ETA, GAL y 11-M. También acudieron, según las fuentes penitenciarias, dos altos cargos del Departamento de Justicia que almorzaron con víctimas y reclusos, cuando es ese mismo departamento el que decide sobre las semilibertades.

El antecedente inmediato es la denominada vía Nanclares, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que perseguía la ruptura pública con ETA a cambio de un proceso de reinserción. Aquella experiencia fue escasa en número —apenas una veintena culminó el proceso— pero, según voces que participaron entonces, su valor social residió en la autocrítica pública y en el desmarque explícito de la violencia por parte de los presos.

Dos personas relacionadas con la vía Nanclares, que hablaron bajo condición de anonimato, subrayan hoy diferencias importantes con el programa actual: entonces se exigía un rechazo expreso de la violencia y no se perseguían beneficios penitenciarios como objetivo principal; ahora, denuncian, el arrepentimiento no es público y los beneficios parecen primar sobre la sinceridad del desmarque. En palabras recogidas en el informe, "parece una chapuza".

El propio Julián Carlos Ríos advertía en 2014 sobre la inquietud de que la motivación de algunos presos fuera obtener réditos penales y beneficios penitenciarios. Esa misma advertencia reaparece hoy, con otras circunstancias: entonces ETA estaba activa y castigaba a quienes colaboraban; ahora la organización no existe y, según el reportaje, Bildu y Arnaldo Otegi ocupan posiciones de influencia política que cambian la dinámica de lo que significa romper con la violencia.

Hechos contrastados y preguntas incómodas: una entidad que recibe subvenciones públicas y enormes contratos gestiona encuentros entre víctimas y victimarios; mediadores con historial previo en procesos similares participan en actividades que, según las autoridades penitenciarias consultadas, han facilitado concesiones de régimen más benigno para internos; y las diferencias con la vía Nanclares —en cuanto a publicidad del arrepentimiento y primacía de la reparación sobre los beneficios— son destacadas por quienes conocen ambas experiencias.

No se trata de demonizar la reinserción, sino de exigir que los instrumentos públicos para la reparación y la convivencia se apliquen con claridad, con garantías para las víctimas y sin atajos que puedan percibirse como transacciones administrativas. Cuando el Estado encomienda a terceros procesos de enorme carga moral y simbólica, la ciudadanía tiene derecho a saber con nitidez quién hace qué, con qué recursos y con qué criterios se decide conceder semilibertades. Esa es la exigencia mínima de justicia y de respeto a las víctimas.