La carta que condena: Ábalos y la hipocresía de los valores exigidos

La hemeroteca no perdona y la letra, en este caso, condena. El 2 de mayo de 2020 José Luis Ábalos dirigió a la militancia del PSOE una carta solemne, apelando a los "valores aprendidos y cultivados" en 141 años de historia y reclamando cohesión en torno al liderazgo de Pedro Sánchez ante la crisis sanitaria, económica y social.

Aquel llamamiento a la solidaridad, la determinación y la defensa del Estado del bienestar cobra hoy un tono de escándalo cuando, según la investigación, por entonces ya comenzaba a gestarse la presunta trama de cobro de mordidas en torno a la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes, que dirigía Ábalos. La contradicción salta a la vista: palabras de defensa ética y un contexto investigado por la Guardia Civil.

Los hechos que constan en el sumario no son invenciones retóricas. La UCO ha insistido en el papel central de Ábalos en una "organización criminal" cuyo alcance estaría vinculado a su influencia en el Gobierno y en el partido. El Ministerio adjudicó contratos a la empresa Soluciones de Gestión, a través del empresario Víctor de Aldama y con la intermediación de Koldo García, por valor de más de 15 millones de euros, y la investigación apunta a que solo el 13% de esos fondos se destinó efectivamente a material sanitario.

Hoy Ábalos se sienta ante el Tribunal Supremo, afrontando imputaciones graves: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada, y la fiscalía reclama para él más de 24 años de prisión, según el procedimiento en curso. La carta de 2020, que proclamaba que "el PSOE estará a la altura de las circunstancias" y que ni la animosidad de los adversarios podía poner en peligro lo logrado, se lee ahora con la aspereza de una promesa incumplida.

Además, la investigación no se limita a las adjudicaciones de material sanitario: la presunta trama habría tenido ramificaciones en adjudicaciones de obra pública en las que aparecen implicados otros nombres, entre ellos el ex secretario de Organización Santos Cerdán. La radiografía que dibuja la causa es la de una estructura que, según los agentes, aprovechó influencias para canalizar contratos millonarios.

No se trata de literatura política ni de retórica militante: son diligencias y diligencias que sitúan a un ex alto cargo y a colaboradores próximos en el centro de una investigación que sacude al propio partido que Ábalos enarbolaba en su misiva. La coherencia entre palabra y acto es una exigencia cívica elemental; cuando falta, la política se degrada y la confianza pública se resiente.

Queda por ver, en la sala del Supremo, si las palabras pronunciadas y las decisiones ejecutadas convergen o se contradicen irreparablemente. Mientras tanto, los ciudadanos observan: la apelación a los valores no puede ser un envoltorio que oculte decisiones que ahora están siendo investigadas por la Justicia.