La campaña del Gobierno contra la Justicia: principio del fin de la confianza democrática

Elisa Beni, en su nuevo libro 'Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia', lanza una alarma que no admite anestesia: el enfrentamiento y la deslegitimación sistemática del Poder Judicial promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado niveles inauditos.

No se trata de críticas esporádicas o de discrepancias propias del debate público; es, según la autora, una campaña paralela que ha socavado la confianza de muchos ciudadanos en el Estado de derecho. Cuando la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, en presencia del Jefe del Estado, tuvo que pedir expresamente "evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Justicia y sus integrantes", se puso de manifiesto lo excepcional y grave de la situación.

Que una autoridad máxima del Poder Judicial se vea obligada a dirigirse así al país no es un incidente menor: es la constatación pública de una tensión institucional que tiene responsables directos, apunta Beni. Los aplausos del colectivo judicial a Isabel Perelló, a pesar de su aparente fragilidad oratoria, fueron el alivio colectivo de que se reconociera institucionalmente lo anormal y lo peligroso.

La escritora subraya que ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces sobre cómo interpretar el ordenamiento jurídico. El derecho a la discrepancia existe y es saludable; la descalificación y el insulto son otra cosa. Y es precisamente esa línea —la de la descalificación— la que, afirma la autora, se ha traspasado repetidamente.

Beni recuerda episodios concretos que ilustran la magnitud del problema. Cita las intervenciones del ministro de Justicia, que "tendría que haber dimitido la primera vez" que atacó decisiones judiciales con una virulencia inédita, al referirse a un magistrado que instruía un procedimiento relacionado con la mujer del presidente: afirmaciones sobre una "gravísima indefensión" de Begoña Gómez, imputaciones sobre lo que se sabía o no en la instrucción y acusaciones de prolongaciones innecesarias del procedimiento.

Esas manifestaciones, sostiene la autora, son incompatibles con la posición institucional de quien depende de la gestión de la Justicia. El argumento central de Beni es nítido: si existen disfunciones, el sistema de recursos escalonado está previsto para corregirlas; nadie, ni siquiera un ministro con formación jurídica, puede usurpar ese cauce publicando juicios que afectan a procedimientos en curso y a jueces concretos.

La raíz de la ofensiva, según el análisis, estaría vinculada a los escándalos de corrupción y nepotismo que han surgido en el entorno más próximo al presidente. La lealtad inquebrantable hacia el líder ha generado episodios de defensa pública que han desembocado en ataques a la judicatura y en "esquizofrenias" institucionales, llegando incluso a que ministros repitieran las descalificaciones.

El relato de Beni culmina en una advertencia solemne: la situación a la que el Gobierno, su coalición y sus apoyos parlamentarios están conduciendo a la democracia española es inédita. No por su novedad retórica, sino por su capacidad de socavar la igual dignidad de los ciudadanos ante la ley y la legitimidad del árbitro independiente que es la Justicia. Esa es la lección que plantea su libro: la erosión deliberada de la confianza es el primer mordisco a la democracia.