La cadena de la negligencia: cómo 400.000 euros y un expediente dejaron una senda mortal

Hay hechos. Y hay responsabilidades que emergen con la crudeza de una marea que todo lo arrastra. Costas aprobó en agosto de 2016 un proyecto para "finalizar" el paseo costero al norte de Santander que, expresamente, no contemplaba la construcción de pasarelas. Ese mismo plan señalaba la vía para solventar el vacío creado cuando, en 2013, las obras iniciales fueron paralizadas por el Ministerio tras protestas y alegaciones. Lo que debía ser cierre de expediente y recepción pasó a ser, con el tiempo, abandono administrativo.

La senda que discurre entre el faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar quedó durante diez años sin un mantenimiento documentado de las tres pasarelas instaladas por la adjudicataria del proyecto primigenio. Dragados, que había habilitado el camino colocando pasarelas, miradores y vallas, dejó una obra cuya continuidad administrativa nunca quedó resuelta: si las obras se hubieran finalizado, aquellas estructuras habrían dependido del Ayuntamiento. No ocurrió.

El coste estimado para la "finalización" era, según la documentación, de 398.588 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses; el proyecto que ahora se cita rondaba los 400.000 euros. No se puede sustraer al lector la evidencia de que una inversión reducida en términos públicos habría cambiado el marco de responsabilidades y, quizá, la seguridad del tramo.

El drama del pasado 3 de marzo no fue un accidente aislado sin antecedentes: sobre la pasarela junto a la playa de El Bocal se produjo el hundimiento en el que resultaron víctimas jóvenes que caminaban sobre ella. De los jóvenes que cayeron, sólo una persona sobrevivió; seis perdieron la vida: Lucía San Martín (22 años), Xabier Bayón (21 años), Celia Lage (19 años), Eunate Hervas (19 años), Lluna Vallejo (20 años) y Elena Sirbu (19 años). La tragedia pone rostro y nombre a la negligencia administrativa.

En el relato oficial hay una cadena de fallos: un vecino, Fernando Cabellos, comunicó la sospecha de colapso a Emergencias; la llamada llegó al 112 a las 12:14 del lunes y fue derivada a la Policía Local. La agente que recibió el aviso —según la alcaldesa Gema Igual— no evaluó el riesgo, no dejó ficha ni constancia porque la comunicación se canalizó por un teléfono móvil y no fue grabada. Esa inacción será objeto de un "expediente informativo y sancionador". La alcaldesa, que participó en las labores de rescate y en la atención a las familias, reconoció que "la cadena de respuesta no funcionó como debía".

Pero la alcaldesa no limitó su reproche a la actuación policial: responsabilizó a la Dirección General de Costas y a la Demarcación de Costas de Cantabria de la falta de mantenimiento y subrayó la existencia del proyecto de 2016 que podía haber resuelto el problema. Anunció además que el Ayuntamiento preparará un mapa para diferenciar terrenos municipales de los de titularidad estatal, y dejó claro que no debería haber sido un vecino quien detectara el peligro.

En el otro extremo, el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, reaccionó con una nota escueta: las acusaciones "no se corresponden con la realidad" y el Gobierno esperará a que "los hechos y los datos hablen por sí solos". Es una respuesta institucional que, por ahora, pide tiempo; las familias y la ciudad exigen certezas.

De estos hechos salen preguntas que no admiten dilación: ¿cómo convive durante una década la instalación de pasarelas con la ausencia de mantenimiento documentado? ¿por qué un proyecto de finalización que marcaba caminos alternativos excluyó expresamente la previsión sobre pasarelas ya instaladas? ¿qué protocolos impidieron que una llamada del 112 activara una respuesta eficaz? La respuesta a cada pregunta está en la documentación y en los registros: el periodismo los ha traído a la luz; la política y la administración deben dar cuentas.

No se trata de retórica: es la soberana obligación del poder público proteger la vida y la seguridad en su territorio. Cuando los marcos competenciales, las paralizaciones administrativas y las decisiones de proyecto se entrecruzan sin solución, el eslabón más frágil es la ciudadanía. Hoy seis familias lloran a sus hijos. Mañana, si no se hacen responsables y se corrigen procedimientos, podría ser cualquier otra comunidad. La fatal consecuencia debería llevar a una reflexión de Estado y a medidas concretas: auditoría de responsabilidades, registro y trazabilidad de avisos de riesgo, y la ejecución de obras inaplazables cuando éstas determinan la seguridad pública.

Es momento de que los hechos hablen y de que las instituciones respondan con claridad y con hechos. No bastan notas escuetas: se requieren responsabilidades acreditadas y decisiones que eviten que una senda se convierta, de nuevo, en trampa.