La búsqueda de excusas en torno a un caso que estremece

La noticia es de una crudeza que no admite florituras: un bebé de apenas dos meses ingresado en hospitales de Barcelona por lesiones; padres detenidos y en prisión provisional; y ahora, una defensa que presenta un test genético como elemento a considerar en la instrucción.

Según consta en el expediente público descrito por la fuente, la letrada Montserrat Antolino ha recurrido la orden de prisión provisional sin fianza dictada por el juez y ha aportado un informe médico previo al nacimiento del niño. Ese test genético acredita, según la defensa, que el progenitor es portador de una variante en el gen SGCA, vinculada a distrofia muscular y a problemas en el colágeno, patología que él mismo no ha desarrollado.

La defensa solicita que los forenses analicen si el bebé también porta esa variante y si, en su caso, las lesiones podrían estar relacionadas con ella. Es una petición técnica, planteada en el marco de la investigación que continúa abierta: pruebas, peritajes y contraste de hipótesis ante los hechos clínicos y las imágenes que motivaron la activación del protocolo de Vall d'Hebron.

Los hechos procesales son nítidos: el pequeño nació a principios de febrero; la primera atención de urgencias fue el 1 de marzo en el Hospital del Mar por malestar y vómitos; el 7 de marzo acudió con febrícula a Sant Joan de Déu; y el 10 de marzo volvió al CAP Roger de Flor. El 16 de marzo, en el Hospital de Sant Pau se detectó una fractura en la pierna derecha y un posible desgarro anal, derivándole de inmediato a Vall d'Hebron, donde se activó el protocolo y se produjo la detención de los progenitores.

Los padres, según la información pública, negaron ante el juez conocer el origen de las lesiones. Ambos han ingresado en prisión provisional, cada uno en un centro distinto. La defensa, por su parte, pide la puesta en libertad mientras prosigue la investigación y propone medidas alternativas: comparecencias periódicas, prohibición de acercamiento al menor o al lugar donde se encuentre, retirada de pasaportes y la colocación de un dispositivo telemático.

Argumentan, además, que no existe riesgo de destrucción de pruebas porque ya entregaron los teléfonos móviles y los investigadores realizaron registros en el domicilio; y subrayan el arraigo familiar como prueba de que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.

Mientras la liturgia judicial sigue su curso, el bebé —según ha avanzado otra cabecera— ha salido de la UCI pero permanece ingresado en Vall d'Hebron bajo la custodia de la Generalitat. Es la verdad esencial que no admite maquillaje: un niño lesionado, una investigación en marcha, la defensa planteando una hipótesis genética y la justicia evaluando medidas cautelares.

¿Cabe dialogar sobre atenuantes cuando está en juego el más débil? ¿Debe la investigación abarcar todas las hipótesis científicas pertinentes sin sustituir la comprobación empírica de los hechos? Son preguntas que, sin retórica vacía, exige el sentido común y el deber de protección de la infancia. La respuesta será la que ofrezcan las pruebas, los peritos y los tribunales, y en eso debe centrarse la atención pública: en la verdad probada, no en las coartadas que se pretendan tejer antes de que los informes forenses hablen con rotundidad.