La ablación en Colombia: un ciclo que exige ruptura y protección urgente

La escena narrada por Carla Quiñonez —su hija de seis meses mutilada por la propia abuela, el llanto, la fiebre, la vergüenza y la explicación de que «es normal»— no es una anécdota aislada. Es un eslabón más de un ciclo que persiste en comunidades emberá y afrocolombianas, en territorios remotos y marginados donde el acceso a salud, educación y caminos es limitado.

Que Colombia sea hoy el único país de América Latina donde se registran casos de ablación no es consuelo; es un llamado de alarma. La práctica, con raíces que han llegado por vías no plenamente documentadas, se sostiene en el silencio, la tradición y la normalización: a veces se quema el clítoris, antes se cortaba con cuchillo, y así nacen cicatrices físicas y sociales que atraviesan generaciones.

Los datos que aporta el Congreso colombiano son elocuentes en su gravedad: 91 casos reportados en 2023, 54 en 2024 y 26 hasta octubre de 2025. Números que conviven con la advertencia de médicos y líderes comunitarios sobre un subregistro: la punta del iceberg en hospitales como el San Jorge de Pereira, donde pediatras constatan cicatrices que no siempre llegan a las cifras oficiales.

Las consecuencias sanitarias están descritas con claridad por la Organización Mundial de la Salud y por los testimonios recogidos: hemorragias, infecciones urinarias y menstruales, complicaciones en el parto, mayor mortalidad neonatal y pérdida de la capacidad de goce sexual. Niñas que nacen y mueren con etiquetas ancestrales —el «jai» que explicaba muertes infantiles— cuando en realidad hay causas médicas vinculadas a la mutilación.

Frente a ese panorama, sobresale la actuación valiente de mujeres como Quiñonez: recorrer resguardos, impartir talleres, confrontar autoridades indígenas conservadoras y enfrentar amenazas. Su labor, junto a la de compañeras y congresistas, es pieza clave para que una ley contra la ablación pueda llegar a aprobarse en las próximas semanas. Esa propuesta legislativa no es ornamental: es una herramienta necesaria para penar y prevenir, para proteger niñas y para dotar de recursos a redes de salud y a programas de sensibilización en territorios aislados.

No hay romanticismo en la defensa de las tradiciones cuando estas condenan a niñas a dolor, infección y muerte. La lucha contra la ablación exige, con urgencia, políticas públicas integrales: registro riguroso de casos, acceso real y expedito a atención sanitaria, programas educativos en lenguas y códigos culturales de las comunidades, y garantías de protección para quienes denuncian o trabajan por la erradicación.

La historia de Carla y de su hija es la prueba dolorosa de que la tradición no puede prevalecer sobre la vida. El Estado, las autoridades indígenas y la sociedad civil están llamados a romper ese ciclo. No es una disputa cultural abstracta: es la defensa de cuerpos, derechos y vidas de niñas que merecen crecer sin mutilaciones ni silencios cómplices.