Kitchen vuelve a abrir la herida que expulsó al PP del poder

Cuando la tormenta política azotó con más violencia al PP, cuando la palabra corruptela resonaba en Génova y el hundimiento interno era visible para todos, Pablo Casado habló de vender la sede y denunció que la Kitchen era un armario inesperado que nadie le avisó que existía.

Hoy, esa operación de espionaje y manejo de los resortes del Estado vuelve a la primera línea del escrutinio. Luis Bárcenas declaró y apuntó al conocimiento —e incluso a la instrucción— de figuras centrales del pasado. Mariano Rajoy ha declarado como testigo; su comparecencia, lejos de zanjar la polémica, ha devuelto al PP a la encrucijada que desembocó en la moción de censura de 2018 y que le costó el gobierno.

En Génova subsiste el guion de siempre: minimizar y temporalizar. Líderes del partido definen Kitchen como “prehistoria”, recuerdan que han recuperado gobiernos autonómicos y ayuntamientos y sostienen que, en tiempos de polarización, estos casos ya no mueven votos. Feijóo, que en 2021 fue quien frenó la venta de la sede y mantiene el despacho que perteneció a Rajoy, ordena mantener la calma y confiar en que el escándalo pasará pronto.

Pero no es solo retórica: hay un movimiento táctico. Durante meses la estrategia del PP fue convertir la acusación en arma contra el Gobierno, acentuando el acoso por la corrupción atribuida al entorno de Sánchez. Esta semana, sin embargo, se ha observado un tímido giro hacia reclamaciones más tangibles: la gestión diaria, las infraestructuras, los servicios públicos y la llamada “prioridad nacional” que negocian con Vox.

No hay en el PP un consenso de pánico. Algunos veteranos admiten que Kitchen recuerda por qué fueron echados del poder; otros aseguran que los votantes miran hoy otras prioridades. Desde la cúpula se recuerda que Rajoy nunca fue imputado tras años de indagaciones y que Feijóo pretende reivindicar la historia reciente del partido, aun cuando la figura del expresidente pueda quedar fuera de la campaña temporalmente.

La política, sin embargo, no olvida por decreto. Que un expresidente acuda a declarar y que el exgerente del partido apunte a su conocimiento de la operación no es un mero episodio de archivo: es un recordatorio de la necesidad de rendición de cuentas y de transparencia. Minimizarlo como “algo que pasó hace 15 años” no borra el hecho de que aquella herida política fue lo bastante profunda como para costar al PP el Ejecutivo.

La decisión del partido de cambiar el relato —menos denuncia de la corrupción ajena, más énfasis en la gestión cotidiana y en pactos tácticos— revela un objetivo político claro: competir en la coyuntura actual. Pero la convicción ciudadana sobre el respeto a las instituciones y a la ley no se diluye solo con estrategias comunicativas. Si la democracia exige memoria y esclarecimiento, la política responsable debe atender ambos: el presente y las sombras del pasado que vuelven a iluminarse.

La cuestión que queda flotando es simple y severa: ¿suficiente contención retórica y cambio de eje electoral es lo que España espera, o reclama también explicaciones y revisiones sobre aquello que, según la justicia y las declaraciones, ocurrió? El país merece respuestas, y los partidos, por encima de gestos tácticos, deben ofrecerlas.