Kitchen: el operativo paralelo que ni siquiera avisó a quien investigaba Gürtel

Entre 2013 y 2015 la Operación Kitchen estuvo activa mientras la UDEF, bajo el mando del comisario Manuel Vázquez, investigaba el caso Gürtel y seguía los pasos de Luis Bárcenas por orden del juez. Ese solapamiento temporal es una pieza incontestable del relato. Lo que hoy ha dicho Vázquez ante la Audiencia Nacional añade otra pieza: nadie le informó de la existencia de ese operativo paralelo.

No es un matiz. Es la afirmación rotunda de quien, siendo jefe de la unidad encargada de la investigación, niega haber recibido notificación alguna sobre seguimientos a Bárcenas, a su esposa Rosalía Iglesias, o sobre el local donde se guardaban cajas con papeles. Niega también conocimiento de la cooperación del chófer Sergio Ríos con una trama que, según la instrucción, actuó desde la UCAO adscrita a la Comisaría General de Información.

La tesis de las acusaciones sitúa a Kitchen como un operativo urdido por cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía para apropiarse de material comprometedora y apartarlo del juez Pablo Ruz y de la UDEF. El testimonio de Vázquez encaja con ese encuadre: si la unidad que investigaba no fue avisada, cabe preguntarse por qué se actuó ajeno al cauce investigativo formal.

Frente a ello, algunos acusados —entre ellos el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino— sostienen que Kitchen fue una operación legal contra un sospechoso de corrupción. Es la versión pública de la defensa; es también la versión que enfrenta, en la sala, la constancia de que la UDEF mantuvo su propio seguimiento y tenía, según Vázquez, secciones de vigilancias que podían cubrir esos trabajos.

El comisario Juan Antonio González, entonces al frente de la Comisaría General de la Policía Judicial, confirmó esa estructura: existían unidades de apoyo y vigilancias dentro de la Comisaría General. Sin embargo, los hechos procesales apuntan a que Kitchen se ejecutó desde la UCAO, fuera del circuito en el que operaba la UDEF sobre el caso Gürtel. Y Enrique García Castaño, jefe de la UCAO en 2013, admitió su implicación en la trama durante la instrucción.

Hay además otra arista: las supuestas "presiones" denunciadas en instrucción por el inspector jefe Manuel Morocho, quien afirmó que le instaron a restar importancia a los papeles de Bárcenas e incluso a suprimir el nombre de Mariano Rajoy de un informe. Vázquez ha relativizado esas afirmaciones: para él, Morocho vivía una autopresión por no cometer errores y, respecto al nombre del expresidente, sostiene que la cuestión fue más técnica que de ocultación.

Los hechos conocidos y los testimonios que se van acumulando en el juicio dibujan, cuando menos, una disfunción grave: una operación de inteligencia que actuó al margen de la unidad judicialmente encargada del caso y la contradictoria versión de quienes procesaron o negaron presiones internas. No se trata de especular: se trata de exigir que las piezas encajen en la cadena de responsabilidades, responsabilidades que la sala debe ordenar a partir de lo que hoy se ha declarado.

El tribunal y la Fiscalía tienen la palabra; los hechos, por su parte, ya han hablado ante la Audiencia Nacional.