Kitchen desnuda a una Policía que traicionó su deber

La vista oral sobre la llamada operación Kitchen ha abierto una ventana literal y dolorosa hacia las entrañas de la Policía Nacional. No es literatura: son testimonios, oficios, carnés profesionales y la narración pormenorizada de un inspector que tuvo que aguantar, dentro del propio Cuerpo, lo que describe como una campaña para hacer imposible su trabajo.

Es junio de 2021 cuando el inspector jefe Manuel Morocho, con un archivador sobre las rodillas, desgranó ante el magistrado Manuel García‑Castellón las presiones internas que las defensas y la acusación describen como alineadas con intereses políticos. Morocho detalló cómo se trató de apartarle de la unidad, de suprimir nombres de informes —entre ellos, el de Mariano Rajoy según su exposición— y hasta de ofrecerle un destino "mejor" para forzar su abandono de la investigación sobre la trama Gürtel.

No hubo solo espionaje contra Luis Bárcenas, según las acusaciones; hubo, además, una operación destinada a "intimidar al jefe del equipo investigador". Esa es la tesis de la Abogacía del Estado que figura en el sumario: frenar por todos los medios las pesquisas sobre Gürtel y evitar que determinada información comprometida saliera a la luz.

El banquillo no lo ocupan solo funcionarios rasos. Encabezan la lista de acusados Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Les acompañan cinco comisarios —entre ellos Eugenio Pino, José Manuel Villarejo y José Luis Olivera—, dos inspectores jefe y un agente que actuó como confidente, Sergio Ríos. Ese reparto de nombres dibuja, en el papel procesal, hasta qué punto una parte de la jerarquía policial estuvo implicada en las maniobras que se investiga.

Los interrogatorios de esta semana han permitido a los magistrados ver la dimensión interna del problema: una veintena de agentes declaró ya ante el tribunal. Destacó la comparecencia de Gonzalo Fraga, inspector jefe de Asuntos Internos y principal investigador de Kitchen, cuya exposición, según el relato informativo, implicó sin ambages a las cúpulas de Interior y de la Policía durante la era Rajoy.

Que los números de carné profesional —el 111.470 de Fraga o el 81.067 de Morocho— aparezcan en oficios y documentos del procedimiento no es un detalle irrelevante; es la huella administrativa que legitima la trazabilidad de las investigaciones que ambos han firmado y defendido. Su meticulosidad y rigor, repetidos por testigos y magistrados, son la columna vertebral de las pesquisas que han terminado sustentando las acusaciones y, en otros procedimientos, condenas por Gürtel.

También han aflorado las rencillas internas: la “guerra de comisarios” entre Villarejo y otros mandos, las complicidades, las maniobras para sacar pruebas o para obstruir procedimientos. Y, junto a todo eso, las reacciones: insultos oficiosos en recesos del juicio, pedidos de apercibimiento en comisiones parlamentarias, descalificaciones públicas contra los investigadores.

Lo que asoman estos días en la Audiencia Nacional son, pues, dos realidades simultáneas y convergentes: por un lado, la constatación judicial de una operación de espionaje y, por otro, la constatación de presiones internas y de decisiones de altos funcionarios que, según las acusaciones, se saltaron líneas rojas para impedir que las averiguaciones llegaran a buen puerto. El país no puede mirar hacia otro lado cuando la propia institución encargada de proteger el Estado de Derecho es objeto de examen por prácticas que, al menos en el sumario, se antojan incompatibles con ese deber.

El juicio sigue abierto y los magistrados aún deben evaluar testimonios y pruebas. Pero la instrucción y las declaraciones ya articulan una acusación potente: no solo hubo espionaje a un ex tesorero, sino intentos de bloquear la verdad desde dentro de quienes tenían el mandato de preservarla. Ese es el retrato que, por ahora, entrega Kitchen en la sala: la de una Policía partida entre el deber de investigar y las fuerzas que pretendieron neutralizar esa obligación.