Izquierda Unida: cuarenta años de unidad forzada y sombras del pasado

La historia tiene a veces la tosquedad de una rúbrica. El 29 de abril de 1986, en la notaría de la calle Lagasca, quedó plasmada en papel timbrado la constitución de la coalición que llamó Izquierda Unida. No fue un acto simbólico: fue la materialización jurídica de una respuesta colectiva a un problema político preciso: canalizar, bajo un paraguas común, a múltiples fuerzas a la izquierda del PSOE.

Antes de esa firma hubo discusiones que olían a heridas no cerradas. El 27 de abril, en el despacho de Cristina Almeida en la calle Espartoíleto, la pregunta sobre «los afganos» —la incorporación del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)— puso de manifiesto el vértigo de una unidad deseada pero difícil. Hubo que «insistir», negociar a altas horas y vencer la oposición interna para que el PCPE, organización pro URSS según el relato contemporáneo, se sumara a la candidatura para las generales del 22 de junio de 1986.

Esa convocatoria de firmas no fue un inventario anecdótico; el notario don Manuel Ramos Armero dejó constancia de unas credenciales y de oficios que hablan de una España plural dentro de la izquierda: minero y mecánico, tipógrafo y licenciado, catedrático y delineante. Firmaban representantes del PCE, del PCPE, de Izquierda Republicana, del Partido Humanista, del Partido Carlista, de la Federación Progresista y del Partido Comunista de Euskadi-PCE-EPK. Aquellas rúbricas integraron en la democracia constitucional a formaciones de diversa adscripción y sensibilidad.

El contexto importa. El preámbulo de las bases de acuerdo, suscrito en el despacho fundacional, señalaba la intención clara de construir una alternativa al PSOE, herida por lo que calificaba de «actitud centrista» y un desvanecimiento del proyecto de cambio. El resultado del referéndum sobre la OTAN —con un notable porcentaje del no— ofrecía el caldo de movilización que se quiso traducir en fuerza electoral en junio de 1986.

Convertir una coalición electoral en una federación con vida orgánica no fue instantáneo. Santiago Carrillo ya formaba parte del pasado y, desde 1988 en adelante, Julio Anguita emergió como figura decisiva que impulsó el tránsito hacia una organización más consolidada, con su logo y su estructura. Pero la intención fundacional —ser una alternativa al PSOE— ha sido un hilo que se repite en distintas generaciones de dirigentes y en distintas coyunturas.

No hay en ese proceso únicamente romanticismo unitario: hay, también, cálculos y contenciones. La incorporación de grupos más radicales o prosoviéticos dentro del sistema democrático bajo el paraguas de IU tuvo el efecto práctico de disciplinar y contener, mediante los mecanismos orgánicos del PCE y de la propia coalición, corrientes que en otros escenarios podrían haber actuado de manera más inflamable.

Hoy, cuando se conmemoran cuarenta años, asoman en el relato nombres que cruzaron aquella etapa y la vida política posterior: Antonio Maíllo, adolescente entonces implicado en la implantación local; Yolanda Díaz, hija de dirigente comunista; y un joven Pablo Iglesias que jugaría después otras cartas políticas. Tres vidas personales que se intersectan con la evolución de ese espacio político y que muestran, sin ornamentos, cómo la política atraviesa generaciones.

La lección que deja la escritura notarial no es sentimental: es práctica y explícita. IU nació para reagrupar y para diferenciarse; para incorporar y para domesticar; para disputar al PSOE un espacio político que consideraba vacante. Cuarenta años después, esos dilemas siguen vivos: la unidad que necesitó empeños y tensiones en 1986 es la misma que obliga hoy a preguntarse por la sostenibilidad de coaliciones, por la voluntad de cambio y por la capacidad de sostener una identidad propia frente a la centrifugadora del sistema político español.