Intento de desactivar al inspector Morocho: la ofensiva en Kitchen

El juicio de la Operación Kitchen reanudado en la Audiencia Nacional dibuja, en estas sesiones, una escena de polarización procesal: no se discute ya tanto el pasado delictivo de la trama Gürtel —ese expediente que cimentó casi un centenar de condenas— sino la credibilidad del hombre que aportó informes decisivos a aquellas pesquisas. Manuel Morocho, inspector jefe y principal investigador de Gürtel, declaró hace dos semanas que la cúpula policial trató de "torpedear" sus pesquisas, que su grupo fue desmantelado y que sufrió "presiones" destinadas incluso a retrasar sus informes y a instarle a eliminar referencias al entonces presidente Mariano Rajoy. Esa versión sacudió la sala y obligó a las defensas a un contraataque nítido: apuntar al testigo para anular el efecto de su testimonio.

La respuesta táctica ha tomado la forma habitual en juicios de alta carga política: interrogar a quienes estuvieron por encima de Morocho. Mandos que participaron en las reuniones de supervisión de sus informes han negado este lunes ante el tribunal que existiesen órdenes directas para suprimir nombres o coaccionar su trabajo. "Nosotros nunca le hemos dicho que quitara el nombre", declaró el funcionario con carné 19.013, que insistió en que las intervenciones de los jefes eran opiniones para comprobar la acreditación de los datos y que, en último término, "él tenía la última palabra porque era el autor y el que firmaba".

No es un detalle menor: las defensas no cuestionan la pulcritud técnica del trabajo de Morocho —los mandos han reconocido su profesionalidad—, sino la existencia de las "presiones" que él relató. Con esa precisión se pretende transformar una afirmación grave en una controversia de interpretación: correcciones colegiales, reticencias sobre la veracidad de unas anotaciones aparecidas en "Los papeles de Bárcenas", o una supuesta "autopresión" del inspector por no cometer errores. Son matices que, en el fondo, persiguen neutralizar la trascendencia probatoria del testimonio que describió seguimientos, vigilancias y la búsqueda de fórmulas para apartarlo del caso.

Las defensas han llevado ya ese rosario de preguntas a otros testigos. Santiago Sánchez Aparicio, entonces al frente de la Policía Judicial, respondió que ni Morocho le comunicó estar sometido a presiones ni el juez le informó de ello. Manuel Vázquez, exjefe de la UDEF, admitió que pudo pedir prudencia sobre la mención a "M. Rajoy" por dudas sobre la autenticidad de los papeles, pero negó que existiera una estrategia de boicot dirigida desde la cúpula. Son negativas que buscan restar entidad a una acusación que, de confirmarse, abriría una dimensión institucional del caso: la manipulación del trabajo policial con fines ajenos a la investigación.

La dialéctica en la sala es, por tanto, nítida y llena de implicaciones: un investigador que afirma haber sido obstaculizado y desautorizado, y mandos que, sin desmerecer su capacidad profesional, relativizan esas afirmaciones y las encuadran en prácticas de supervisión y cautela profesional. Del resultado de esa confrontación dependerá no solo la valoración judicial de hechos concretos, sino la percepción pública sobre la integridad de aquellas pesquisas que, hace una década, acorralaron al PP. Y esa percepción no es un dato accesorio: es el sustrato sobre el que se juzgan la institucionalidad y la confianza en los órganos encargados de investigar la corrupción.

El juicio sigue su curso y con él se comprobará si lo que se disputa es una cuestión técnica de redacción de informes o una práctica sistemática de torpedeo a una investigación sensible. Mientras tanto, la estrategia de las defensas es clara: deslegitimar al testigo central para menguar el alcance del relato sobre la llamada Kitchen. El tribunal, la historia y la ciudadanía atenderán atentamente a qué versión prevalece y a qué pruebas respaldan cada afirmación.