Inscripción automática: la administración asume la tarea que dejó la ciudadanía

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una propuesta que modifica una práctica que durante décadas estuvo en manos del ciudadano: el Sistema de Servicio Selectivo (SSS) ha pedido inscribir automáticamente a los hombres jóvenes como elegibles para el reclutamiento militar a partir de diciembre.

La iniciativa, presentada ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios el 30 de marzo, no inventa obligaciones nuevas; lo que cambia es quién realiza el trámite. Ya no sería el joven de entre 18 y 25 años el que debe actuar dentro de los 30 días posteriores a su mayoría de edad, sino el propio SSS, que se integraría con otras fuentes de datos federales para simplificar el proceso y "transferir la responsabilidad del registro de los hombres individuales al SSS".

La justificación oficial es administrativa y económica: el SSS sostiene que el registro automático permitirá ahorrar los millones que hoy se destinan a recordar a los elegibles que la inscripción es obligatoria por ley. Esa factura de la burocracia tiene, sin duda, un rédito contable; pero también despierta inquietudes cívicas. En 2024 el cumplimiento cayó al 81%, y el Ejecutivo apunta a cerrar esa brecha integrando registros estatales y federales —práctica que, en muchos estados, ya existe al expedir licencias de conducir—.

Los detractores advierten lo evidente: automatizar la inscripción no es lo mismo que automatizar la movilización, pero sí remueve el umbral psicológico entre la voluntariedad y la intervención directa del Estado en la formación de efectivos. Ese temor encuentra eco histórico: el último reclutamiento forzoso en EE. UU. ocurrió en 1973 tras la Guerra de Vietnam; entonces fueron reclutadas aproximadamente 1,8 millones de personas, un episodio que condujo a la transición a un ejército totalmente voluntario.

El cambio fue aprobada por el Congreso en diciembre dentro de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, lo que demuestra que la medida tiene respaldo legislativo en el ámbito de la financiación y la preparación militar. Quienes impulsaron la disposición, como la representante demócrata Chrissy Houlahan, han defendido su utilidad práctica: reasignar recursos, "dinero destinado a la preparación y la movilización", y evitar campañas costosas de educación y publicidad para forzar el cumplimiento.

La Casa Blanca ha intentado despejar dudas sobre la posibilidad de una conscripción masiva: la secretaria de Prensa Karoline Leavitt respondió a preguntas señalando que el reclutamiento no forma parte del plan actual, y aseguró que el presidente "mantiene todas las opciones sobre la mesa" ante la responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense y a las fuerzas armadas.

La propuesta aún debe superar el proceso de revisión reglamentaria antes de su implementación. Entre la promesa de eficiencia administrativa y el miedo a que el Estado recupere capacidades de movilización directa, queda una pregunta política y moral: ¿quién debe llevar la carga de las obligaciones cívicas, el individuo o un aparato que, con buenos propósitos técnicos, cambia la relación entre ciudadanos y Estado?

Que la discusión sea honesta y pública. No se trata sólo de ahorrar millones: se trata de preservar, sin equívocos, los límites que separan la obligación legal del hombre joven y la eventual decisión colectiva de una nación en circunstancias de emergencia.