Illa: la normalización que encubre la parálisis

Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat en agosto de 2024. Ese dato no es una anécdota: marca el inicio de una estrategia de «normalización» que, a la vista de los hechos, ha combinado gestos públicos y cesiones políticas para ganar tiempo, pero sin traducirse en soluciones efectivas.

La táctica ha pasado por la foto con el Rey —celebrada por el oficialismo como un gran avance— y por la renovación de cuadros en los Mossos con el regreso fugaz de Puigdemont como pretexto para recuperar a Trapero y elevarlo a director general. Un perfil suave y conciliador: negar el bilingüismo, cortejar a los empresarios con un posconvergente amaneramiento, incluso erigir una retórica nacionalista atemperada —la «nación catalana» susurrada en la última Diada— que permita coexistir con la centralidad de Moncloa.

Ese perímetro de «normalidad» descansa, sin embargo, en equilibrios frágiles. Junqueras reclama soberanía recaudatoria y una Agencia Tributaria catalana; Illa no puede concederlo, y Sánchez, tampoco. Lo que se ha visto es aplazamiento: las reclamaciones se postergan —según la propia agenda marcada por Illa, hasta julio— bajo la excusa de factores externos como las inminentes elecciones andaluzas, pero los hechos apuntan más bien a la debilidad parlamentaria de Sánchez y a la conveniencia de estirar los plazos.

Mientras tanto, las cuentas no aparecen. Illa no puede presentar sus presupuestos y la retirada de unas cuentas —más aún cuando todo indica que pudo haber sido pactada— deja en el aire la pregunta legítima: ¿entre quiénes? El artículo apunta a un reparto de responsabilidades y ganancias entre Sánchez, Illa y ERC, interesados todos en ganar tiempo y preservar posiciones.

Pero no es sólo una cuestión de tácticas: el poder central ha demostrado capacidad de absorber y rentabilizar. Sánchez, según los hechos descritos, ha «vampirizado» al PSC a través de Illa, con efectos patrimoniales en personajes como Iceta y con ofertas de colocación de cuadros socioconvergentes en empresas con participación pública. Es la ley del capital y del privilegio: Moncloa como proveedor único de posiciones y recursos.

El resultado político es demoledor para la gobernabilidad. La celebración oficialista de haber roto la unidad de acción independentista se traduce, en la práctica, en bloqueo. La «normalización» que vendieron se convierte en mantenimiento de la discordia entre Junqueras y Puigdemont y en una táctica de contención que protege a Illa siempre que ambos actores sigan controlando sus respectivos espacios.

Sobre el tablero, Sánchez también ha probado maniobras de desgaste político —la operación o cebo Rufián— que, según el texto, no terminan de cuajar pero sirven de señuelo. Bildu, por su parte, se apea. Todas estas maniobras obedecen a un objetivo: debilitar de manera definitiva a Esquerra. Y en ese movimiento estratégico, Illa queda constreñido: no puede presentar cuentas ni ofrecer reformas materiales que alteren el statu quo fiscal y competencial que reclama ERC.

Los hechos expuestos por la información dibujan, por tanto, un cuadro donde la apariencia de normalidad cubre una parálisis real. Se ganan fotografías, adhesiones y tiempo político; se pierden decisiones y proyecto de comunidad. La pregunta que queda, fría y elemental, es si esta normalización —espectáculo de gestos y reparto de sillas— sirve a los intereses de Cataluña o solamente prolonga una espera que limpia responsabilidades y concentra beneficios en torno a Moncloa.